Los funcionarios se arriesgan a perder cuatro días de vacaciones en caso de que el borrador de resolución elaborado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas entre en vigor. El documento, que ha desatado un alud de críticas entre los sindicatos, prevé también aumentar la jornada de trabajo a los empleados públicos.

La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución. El documento amplía el tiempo de permanencia obligatoria en el puesto de trabajo, que hasta ahora iba de 9 a 14:30 horas y pasaría a ser de 9 a 15 horas, media hora más.

En cuanto a la jornada laboral, ésta continúa en 37’5 horas a la semana. Hay cambios, sin embargo, en su distribución. Hasta la fecha los empleados públicos podían completar su jornada laboral con horas que distribuían en tres horquillas; de lunes a viernes, entre las 7:30 y las 9 de la mañana; de lunes a jueves, entre las 14:30 y las 18:00 horas; y los viernes, entre las 14:30 y las 15 horas.

El borrador elimina esas horquilla fijas para completar la jornada semanal. Si entre en vigor, serán los calendarios laborales los que fijen la manera de rellenar los huecos.

Por otro lado, el borrador de Beteta suprime la posibilidad de realizar jornada intensiva en verano. Así, el horario de verano que se desarrolla normalmente entre las 8 y las 15 horas durante los meses de verano desaparece en la propuesta de resolución.

De hecho una carta firmada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, recuerda que la jornada anual de los empleados públicos es de 1.647 horas. En esa carta se afirma además que el horario de verano no debe suponer un menoscabo de ese horario anual. Por lo que exige a los encargados de personal que se aseguren de que esas horas perdidas en verano se recuperan a lo largo del año.

Menos de vacaciones ligadas a la antigüedad

El borrador incluye además un recorte en las vacaciones que van ligadas a la antigüedad. Actualmente los empleados públicos disfrutan de 22 días laborables de vacaciones. Cuando cumplen 15 años de servicios, se le suma un día adicional por cada cinco años de servicio a esa cantidad. Hasta un máximo de cuatro días por 25 años de servicio. Sin embargo, el borrador suprime esos días adicionales de vacaciones para los funcionarios con más años en el servicio.

Además, los empleados públicos estarán obligados a coger las vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. No podrán juntar además los días de vacaciones con los de asuntos propios, los famosos ‘moscosos’. Tampoco podrán cogerse vacaciones en otra fecha que el verano, en caso de que su centro de trabajo cierre en el período estival.

Dos anexos acompañan al borrador de resolución. En uno de ellos, se recoge un código de buenas prácticas para los directivos públicos. Con su publicación, Beteta pretende fomentar la productividad en la Administración. El otro consigna un código de conducta dirigido a los empleados del sector público.

De acuerdo al código de directivos, los responsables de área deberán adoptar medidas disciplinarias en los casos de absentismo injustificado. Además, el código emplaza a los subsecretarios de departamento de los Ministerios a exigir a los trabajadores la justificación para todas las ausencias, incluyendo las que duren menos de cuatro días, en caso de enfermedad.

Beteta también quiere impulsar una oleada de reconocimientos médicos que controlen las bajas por enfermedad o accidente. Y pide además a los responsables que elaboren informes donde den cuenta de los controles adoptados, así como de los resultados que se han obtenido en cuanto al cumplimiento de horarios y del absentismo.

Críticas de los sindicatos

El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO criticó que el Ejecutivo pretenda aplicar «unilateralmente» a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

En dicha ley, recuerda CCOO, se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública.

Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.

Camarillo ha calificado este procedimiento de «inadmisible» y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.

Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. «Nos tememos lo peor», ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.