El malestar se extiende hasta los pesos pesados del PP. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para revisar el techo de déficit público que deberán cumplir las cumunidades en 2013 (0,7 frente al 1,1% actual),  2014 (0,1%), y 2015 (superávit del 0,2%) las comunidades presididas por Juan Vicente Herrera (Castilla y León) y por José Antonio Monago (Extremadura) han decidido abstenerse en la votación; mientras la comunidad gallega que preside Alberto Núñez Feijoo, decidió en el último momento cambiar su abstención a voto favorable.

Y como era de esperar Andalucía, Asturias, Canarias y Cataluña han votado en contra. Se barruntaba que algo iba a pasar antes de la reunión, ya que los responsables autonómicos populares no acudieron a la sede del PP, en la calle Génova, como en las anteriores reuniones del CPFF. De esta forma, la propuesta del Gobierno ha salido adelante con 12 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

Esta rebelión se debe a la negativa del Gobierno de flexibilizar los objetivos de déficit de 2013 y 2014, después de que el Eurogrupo aceptara conceder a España un año más (hasta 2014) para lograr el objetivo del 3% de déficit público. Esas cuatro décimas de recorte del déficit que ahora les exige el Gobierno supondrán nuevos recortes y más reformas para los ciudadanos de todas las comunidades, además del ajuste impuesto por el Gobierno central que se ha conocido esta semana. Pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha presidido la reunión, se ha mostrado tajante y ha confirmado lo que se temían: «no habrá flexibilidad». Y es que Montoro ha optado por quedarse con todo el margen que ha concecido la Unión Europea (un punto adicional de déficit), además de que no repartirá los ingresos derivados del incremento del IVA.

Para el ministro resulta evidente que no hay lugar a la flexibilidad, ya que algunas ni pueden financiarse. Es más, por las cuentas entregadas a Hacienda, ocho regiones incumplen los criterios impuestos a principios de año en la Ley de Estabilidad, por lo que podrían ser intervenidas. Otra cuestión es que el Gobierno decida intervenir sus cuentas. De momento, Montoro las ha apercibido, como paso previo y tendrán seis meses para cumplir el objetivo previsto, esto es, lo que queda de año. Dichas comunidades son Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Hacienda ha empezado a revisar el grado de cumplimiento de los planes financieros presentados por las autonomías el pasado mes de mayo, cuyo importe ascendía a 18.000 millones de euros. Hasta ahora se ha confirmado que las autonomías llevan con mucho retraso los ajustes, y las comunidades apercibidas deberán poner en marcha más reformas y recortes.

Un punto para «pagar»

Ese punto que ha concedido Bruselas, además, quiere destinarse por el Gobierno para afrontar pagos tan importantes como el de las pensiones ante los problemas que en breve podría tener el sistema de la Seguridad Social para afrontar las nóminas próximas de las pensiones. Y gran parte, también se destinará a pagar los intereses de la deuda, que desde que se ha incrementado la prima de riesgo y la rentabilidad de los bonos han aumentado en un 30%.

Cabe recordar que pese a las nuevas exigencias de déficit impuestas a las autonomías, al final no ha sido tan duro como figuraba en el Plan de Estabilidad 2012-2015 que se envió a Bruselas, en el que figuraba como tope de déficit de las comunidades un 0,5% para 2013 y del 0,3% para 2015, porcentajes que no fue posible acordar con las comunidades ante la imposibilidad de poder conseguirlos.

Así las cosas, y pese a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había anunciado que se aprobaría la emisión de hispabonos en la reunión del CPFF, cuyo fin es que las comunidades afronten su deuda, lo cierto es que en este punto no se ha producido ningún avance más allá de decidir un aplazamiento para su aprobación.