En una comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso la ministra Fátima Báñez intentó presentar una versión dulcificada de las dudas medidas impuestas por el Gobierno a los parados hasta el punto de utilizar la expresión de que «sólo» el 55% de los nuevos parados verán recortada su prestación a partir del séptimo mes de estar en el paro como consecuencia de la decisión de rebajar del 60% al 50% la base reguladora de la prestación.

Esto es así según Báñez porque lógicamente quedan fuera de la rebaja los que no tienen derecho a más de seis meses de prestación, encuentran trabajo antes de llegar al séptimo mes y los qeu se vean afectados por los topes mínimos y máximos de la prestación.

Tras decir que los más de cinco millones de desempleados, son la principal «preocupación y ocupación» del Gobierno  recordó que a los parados que ya están cobrando su prestación no se les va a aplicar la medida y además que no se reduce la duración máxima de la prestación, que se mantiene en 24 meses.

Sobre la reforma que se ha operado en los subsidios por desempleo, Báñez ha dicho que con las medidas adoptadas, como la de situar a partir de 55 años el acceso al subsidio por desempleo (antes 52 años), se intenta racionalizar los gastos, manteniendo la estructura básica de la protección.

«En el sistema vigente había ineficiencias y lo que hace el Gobierno es reconducir estos subsidios a su verdadera naturaleza», dijo la ministra, que ha recordado que el subsidio, en sus orígenes, iba dirigido a los mayores de 55 años, aunque posteriormente se rebajara la edad de acceso a los mayores de 52 años.

Báñez ha subrayado que entre 1999 y 2008 había un superávit de más de 35.000 millones de euros en relación con el gasto en desempleo, pues se ingresaba más por cotizaciones que lo que se gastaba. «Sin embargo, en sólo tres años, 2010, 2011 y 2012, se ha producido un déficit de más de 32.000 millones de euros, «una deriva insostenible» que, según la ministra, debe solucionarse.

Báñez justificó la supresión de la mayor parte de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en su falta de utilidad y los cambios operados en el Fogasa en la necesidad de recuperar la sostenibilidad del organismo.

Reforma de las pensiones

La ministra hizo también un repaso de las medidas sobre Seguridad Social inlcuídas en el decreto de ajustes y ha recordado que la intención del Gobierno, ya avanzada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es llevar al Pacto de Toledo dos informes: uno relacionado con la racionalización de las jubilaciones anticipadas y otro relativo al factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, que Báñez ha dicho que quiere definir y poner en marcha con «el mayor consenso político y social».

La titular de Empleo aseguró  que el Gobierno hará compatible la rebaja de las cotizaciones sociales anunciada por el Ejecutivo para 2013 y 2014 con el compromiso de separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, a lo que ayudará, ha dicho, los 6.683 millones de euros que aportará el Estado al sistema en los Presupuestos del próximo año.

La ministra afirmó que el Gobierno «entiende perfectamente» que estas medidas puedan generar «inquietud y preocupación» entre los ciudadanos, pero se ha mostrado convencida de que van a dar resultado.

No convenció a la oposición

El discurso de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, no convenció a la oposición. Todos los Grupos Parlamentarios que han intervenido en el debate le han reprochado a la ministra que el Gobierno haya metido la tijera en la protección por desempleo debido a los efectos que esto tendrá sobre uno de los colectivos más desfavorecidos por la crisis.

Algunos partidos incluso, como el PSOE o Geroa Bai, le han pedido a Báñez que no suprima el programa Prepara, que proporciona una ayuda de 400 euros a los desempleados que han agotado sus prestaciones y se inscriben en un itinerario formativo. Este programa finaliza su vigencia a mediados de agosto, pero de momento no se sabe si tendrá continuidad. Los sindicatos ya dan por descontado que el Ejecutivo lo suprimirá.

La diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha considerado «de enorme gravedad» que se hayan tocado las prestaciones por desempleo y ha advertido a Báñez de que los recortes en prestación por desempleo no van a afectar sólo al 55% de los nuevos desempleados, sino al 100% de los mismos.

«Yo entiendo que es durísimo venir aquí a decirnos esto, pero no maquille los datos», ha subrayado Barkos, que ha denunciado además que los cambios que ha introducido el Gobierno en la Renta Activa de Inserción (RAI) supondrá su práctica desaparición.

En su turno de réplica, la ministra de Empleo se ha defendido y ha asegurado que «no miente» al decir que sólo el 55% de los nuevos parados se verán afectados por el recorte de la prestación por desempleo a partir del séptimo mes.

También ha negado que la RAI vaya a quedar prácticamente extinguida y ha cifrado en 12.500 personas al mes los afectados por los cambios operados en el sistema (unos 68.000 en todo el año 2012).