Así lo recoge una macroencuesta a 10.000 asesores y directores financieros de pymes,  realizada por Wolters Kluwer y la CEOE, en colaboración con la Fundación Impuestos y Competitividad y la Universidad Pontificia de Comillas según la cual la valoración del sistema tributario español recibe un aprobado raspado es decir obtiene una puntuación de 5,25 sobre 10.

Sobre el sistema normativo, el 85% de los expertos tributarios opinan que el grado de estabilidad que existe actualmente en las normas fiscales es escaso: 7 de cada 10 entrevistados consideran que el grado de estabilidad de las normas fiscales es poco, y un 15% que ninguno; resultado casi idéntico al obtenido en la encuesta a grandes empresas.

En este sentido la mayoría considera que la falta de certeza por posibles cambios de normas, es un elemento que entorpece o reduce las decisiones de inversión de las empresas bastante (58,67%) o mucho (24,89%).

Al plantear si se considera necesaria la simplificación y clarificación de las normas tributarias, casi la totalidad de los entrevistados (98%) se muestra a favor de la simplificación.

En las cuatro categorías en las que se distingue a los entrevistados (empresa, asesor por cuenta propia, consultoría y asociaciones patronales), se da una coincidencia prácticamente absoluta en este juicio de valor.

Sobre la aplicación del sistema tributario la encuesta recoge una clara división de opiniones sobre el cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos, ya que son similares las proporciones de respuestas en los dos extremos; para unos el cumplimiento es poco o ninguno (52,8%), mientras que para otros es bastante o mucho (47,1%).

Si nos referimos al cumplimiento de los plazos por los Tribunales de Justicia es unánime la opinión de que éstos se extienden excesivamente y el 87% opina que hay poco o ningún cumplimiento.

Sin embargo los recursos contencioso-administrativos son mayoritariamente vistos como un procedimiento de bastante o mucha utilidad (54,23%).

Por otra parte, casi 9 de cada 10 entrevistados opinan que sería conveniente la introducción de mecanismos alternativos a los existentes para la resolución de conflictos, como por ejemplo los procedimientos arbitrales (89,78%).