La destrucción de empleo en el conjunto del sector cooperativo español entre 2008 y 2012 ha sido inferior al 15%, frente al 50% de las empresas, especialmente las sociedades de responsabilidad limitada. Ningún banco cooperativo (en España, cajas rurales, cajas laborales y profesionales) ha entrado en quiebra en la Unión Europea, frente a las nacionalizaciones, absorciones y liquidaciones de otras entidades financieras. En España, de las 46 cajas de ahorros que existían en enero de 2008 sólo quedan 11 (y sólo dos mantienen su estructura fundacional). De las 81 cooperativas de crédito se ha pasado a 44, básicamente por fusiones, ya que ninguna entró en quiebra.

Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que los bancos cooperativos “menos dependientes de las expectativas de los accionistas, pudieron evitar muchos de los errores que cometieron las entidades del sector privado”. Además, “cubren de manera fiable y segura las necesidades de crédito de las pequeñas y medianas empresas y de muchos hogares”.

Durante los meses de mayor endurecimiento de la guerra del pasivo, los clientes “han cambiado sus depósitos de las cajas de ahorros a las cooperativas de crédito”, señalan Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), y Esteban Sánchez Pajares, socio de la firma, en el artículo “Gobierno corporativo y cooperativas de crédito: un modelo singular”, dentro de un volumen sobre “El sistema financiero y el gobierno corporativo”, editado por la Unacc.

¿Por qué las cooperativas de crédito aguantan mejor la crisis que otras entidades financieras? Estos dos expertos responden: “El modelo de gobierno específico de las cooperativas, basado en la propiedad colectiva y la participación democrática, así como en la capacidad de las cooperativas para funcionar con sus propios recursos financieros, explican su capacidad de resistencia”.

Pero no todo son parabienes para las cooperativas de crédito. Estas entidades, y sus consejos rectores (equivalentes a los consejos de administración en bancos y cajas), deben enfrentarse a “retos futuros de gobierno corporativo”. Ontiveros y Sánchez Pajares señalan siete:

1º.-Aunque desde 1993 se exige, para ser consejero de una cooperativa de crédito, haber desempeñado funciones de administración, dirección, control o asesoramiento en entidades financieras, debe garantizarse “una actualización constante de las capacidades, que permita a los miembros de los consejos rectores valorar adecuadamente los riesgos a los que se enfrentan sus entidades”.

2º.-La implantación de comisiones de auditoría, a las que pertenezcan consejeros con experiencia suficiente en control de riesgos, y de nombramientos y retribuciones, en todas las cooperativas de crédito.

3º.-El consejo rector debe abandonar “modelos de gestión inmovilistas basados en la experiencia pasada” e impulsar “procedimientos explícitos para canalizar la innovación” y “estructuras de dirección que aseguren la segregación entre propiedad y gestión, facilitando la delegación y la asunción de responsabilidades”.

4º.-Evitar que “el arraigo territorial y la atención a los intereses de los cooperativistas” ralenticen la adopción de la innovación como “principio de administración de las cooperativas de crédito”.

5º.-Asegurar el desarrollo de plataformas y herramientas de información/comunicación interna y externa para generar confianza y transparencia. Entre ellas, la puesta a disposición de los órganos de gobierno “de toda la información necesaria, con antelación suficiente para la toma de decisiones”, la emisión “regular” del informe de gobierno corporativo y de la memoria de responsabilidad social.

6º.-Fomentar el conocimiento de las cooperativas de crédito entre los ciudadanos, las empresas y las Administraciones Públicas

9% en España, 40% en Noruega

Uno de los siete retos de gobierno corporativo de las cooperativas de crédito es el acceso de la mujer a sus órganos de gobierno. Su presencia en los consejos rectores es del 9%, frente al 40% de Noruega, el 27% de Suecia, el 25% de Finlandia o el 15% del Reino Unido.

“Una mayor presencia de la mujer en los consejos rectores aseguraría beneficios en forma de predisposición al cambio organizativo, comportamientos alternativos y mayor propensión a la iniciativa y a la innovación”, argumentan Emilio Ontiveros y Esteban Sánchez Pajares.