Para empezar el curso, Alfredo Pérez Rubalcaba ha transmitido a los parlamentarios del PSOE las orientaciones generales de la acción política que han de desarrollar. En términos generales se trata de dar respuesta a la triple crisis socioeconómica, territorial y política que afecta a la sociedad española y que trae causa de la mala cabeza y la falta de calidad de los dirigentes que nos han tocado en desgracia en los diferentes ámbitos. Rubalcaba estima que el mejor tratamiento de estos problemas pasa por una «actualización de la Constitución». No se trata de abrir un periodo constituyente, sino de poner al día una Carta Magna que ha cumplido un tercio de siglo y no fue votada por cuestión de edad por cerca del 60% de la población.
Sobre la cuestión catalana, ese «derecho a decidir» que CiU y ERC vuelven a agitar estos días como si los ciudadanos fueran estúpidos y no decidieran en cada elección, el PSOE tiene una posición inequívoca: «Los límites son la igualdad y la unidad de España». Con esa formulación, los socialistas, incluídos los catalanes del PSC-PSOE, estiman que cabe una mayor autonomía fíascal, un modelo federal de competencias exclusivas y compartidas y un reconocimiento más explícito de las singularidades de las nacionalidades históricas. La dialéctica entre el separatismo y el viejo centralismo en la que quieren entretenernos ni conduce a nada bueno ni sirve para avanzar. Lo que pasa es que a los centrífugos y centrípetos les da votos y no será fácil que unos y otros acepten la sensatez.
Las demás reformas de la Constitución que plantea Rubalcaba tratan de que algunos derechos sociales tengan la consideración de «derechos fundamentales». Uno de ellos es la sanidad, que carece de un reconocimiento fuerte como derecho humano en el actual texto constitucional y está permitiendo al Gobierno la privatización de la gestión y la obtención de beneficios privados a costa del sistema público que todos financiamos con nuestros impuestos. Otro derecho fundamental es la educación. Y está por ver si la vivienda o el derecho a techo puede avanzar en la escala de los derechos inalienables.
Sobre la «crisis política» derivada del modelo de representación indirecta, con un voto cada cuatro años, la reforma o actualización constitucional debería contemplar una mayor proximidad entre representantes y represenatados, lo que exige el cambio de las circunscripciones provinciales por distritos más pequeños para los diputados, pero también una reforma del Senado, que ni sirve como cámara legislativa ni territorial. El PSOE no pedirá que se elimine, sino que se convierta en el foro del debate y la puesta en común de las distintas autonomías.
Son, en definitiva, propuestas para intentar rehabilitar la política, gravemente perniquebrada por una dirigencia desprestigiada y una corrupción objetiva y subjetiva desenfrenada. Pero, visto el panorama, no parece que a un PP con mayoría absoluta, le resulte interesante. Por lo tanto, al PSOE sólo le queda ejercer una oposición más firme, eficaz y coordinada. «Hay que salir a todo», dijo Rubalcaba. Y como todo es mucho, sobre la reforma de las pensiones ya anuncian que no asumirán ninguna modificación que no haya sido previamente pactada con los sindicatos.