Reequilibrar el mercado de la alimentación ha sido una de las demandas más importantes de toda la producción y de las pequeñas industrias en los últimos años, a fin de evitar posiciones de dominio. Sin embargo, el poder de compra de las grandes superficies sigue afectando a los proveedores, a las condiciones laborales de los empleados de las empresas productoras, sobre todo en terceros países, y podría tener además, tarde o temprano, un impacto negativo sobre los consumidores Así lo desvela un informe de Consumers International, presentado en una mesa redonda en ESADE Business School.

Analizar el impacto del poder de compra de los supermercados sobre marcas y clientes ha sido el objetivo del informe La relación entre la distribución y los proveedores: ¿Cuáles son las consecuencias para los consumidores. Este documento, donde se recogen 11 prácticas desleales o abusos de los grandes de la distribución, destaca que la concentración de estas cadenas les proporciona un elevado poder de compra. Y concluye que el abuso de ese poder se practica de manera difundida y habitual en contra de los proveedores, de forma que el desequilibrio en la capacidad de negociación que existe entre los supermercados y sus proveedores fomenta prácticas de compra abusivas, algo que se ha documentado en la UE y en otros mercados desarrollados.

Según señala el informe, los proveedores se ven obligados a vender sus productos a precios “insosteniblemente bajos”. Sin embargo, esto no se reflejan siempre en el precio minorista, ya que un gran margen queda en manos de los distribuidores. Por otra parte, se evidencia que si bien los precios de los productos en supermercados son menores que los precios de las tiendas, los efectos a largo plazo pueden incrementar el coste para los consumidores, así como el descenso en la calidad y rango de los productos.

Una ley muy esperada
El informe llama la atención sobre la necesidad -refrendada por la Comisión Europea- de desarrollar un marco regulatorio que normalice las relaciones entre unos y otros. Sólo así se evitaría que las grandes superficies lleven a cabo prácticas comerciales desleales, garantizando la calidad, la innovación y la libre competencia. Esto es lo que se espera que contenga el anteproyecto de ley para la modificación de la cadena alimentaria que prepara el Gobierno español.

“Necesitamos una regulación que mitigue los efectos negativos entre distribuidores y proveedores. De lo contrario, muchos fabricantes cerrarán sus puertas, contribuyendo al paro del país; bajarán los precios, fomentando el crecimiento de la inflación, y caerá la innovación, disminuyendo considerablemente la competitividad”, ha dicho Josep Mª Oroval, profesor del departamento de dirección de Marketing de ESADE. “Este tipo de situación no ayuda a que nuestro sistema productivo salga de la crisis”, ha añadido.

El fundador y director de RP Economics, Juan Ortega, coincide con él aunque matiza: “Si no hay relaciones equilibradas y sanas entre distribuidores y proveedores, el consumidor sale eminentemente perjudicado a largo plazo”. “Por eso es necesario una regulación que vele, entre otras cosas, por la calidad, la variedad y la innovación”, ha añadido José Antonio García, director de The Brattle Group.

Robert Young, director de Europe Economics y responsable del informe, ha puntualizado que “el poder de compra de los distribuidores no es una práctica ilegal si no se cometen abusos. Pero desgraciadamente éstos están más que documentados en toda Europa”.

Por su parte, David Ortega, director de Asuntos Internacionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU),ha dicho que se producen “muchos acuerdos entre proveedores y distribuidores que no llegan ni a escribirse”. Y ha matizado que “el bajo precio no es malo en sí, pero si no hay relaciones equilibradas y sanas, el consumidor sale eminentemente perjudicado a largo plazo en cuanto a calidad, variedad y suministro”.

Más información
.- Descargar el resumen del informe aquí
.- Descargar el informe completo aquí.