El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha exigido este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que haga público el listado de beneficiarios de la llamada «amnistía fiscal» así como de la cuantía que han regularizado, y le ha acusado de estar «protegiéndolos» con su decisión de no hacer accesible esta documentación a los inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT), como ellos mismos han denunciado.

En una nota de prensa, el socialista ha reiterado su petición a Montoro de que dé cuenta de las identidades de estas personas y de los «patrimonios aflorados» con la amnistía, detallados por comunidades autónomas y cantidades superiores al millón de euros y a los diez millones.

A su juicio, ésta debería ser la primera información que se haga pública en el marco del listado de defraudadores que el propio Montoro ha anunciado para el primer trimestre del año.

Además, Saura ha vuelto a reclamar la comparecencia del ministro en sede parlamentaria para dar cuenta de este proceso de regulación y afloramiento de patrimonios.

«Montoro ha tenido un doble fracaso: ha recaudado menos de la mitad de lo previsto con la ‘amnistía fiscal’ y, además, ha aniquilado la conciencia fiscal de este país», ha lamentado el diputado, quien a finales de diciembre ya avanzó su intención de pedir al Tribunal de Cuentas que revise la aplicación de todo el proceso, ante la sospecha de que los tipos aplicados finalmente en las regulaciones hayan sido inferiores a los previstos en el decreto.

Saber si proceden de orígenes ilícitos

Por su parte, la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, ha exigido este miércoles que los datos de los beneficiarios de la amnistía fiscal puedan ser investigados por los inspectores de la Agencia Tributaria (AEAT) para saber si existen casos en los que los fondos regularizados proceden de orígenes ilícitos o delictivos, y ha criticado que la Fiscalía no actúe de oficio cuando tiene indicios de hechos irregulares que se publican en los medios de comunicación.

Díez se ha preguntado en rueda de prensa si la Fiscalía tiene información sobre los nombres de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal y las cuantías que han regularizado, pero también «de la procedencia de esos fondos», dado que aunque no haya delito fiscal porque así lo estipuló el Gobierno sí se puede haber incurrido en otro tipo de ilícitos, como blanqueo de capitales procedentes de tráfico de drogas o «corrupción política», entre otros.

En este sentido, ha lamentado las quejas de los inspectores de Hacienda acerca de que «no les dejan investigar» porque no tienen acceso a todos los expedientes de la amnistía fiscal y ha preguntado si el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, «tiene intención de conocer ese asunto e investigar esa información».

Además, la diputada ha subrayado que «la regeneración pendiente de la Democracia española es que las instituciones funcionen de oficio, y no porque un tercero les inste a hacer su trabajo». «Lo que ocurre con muchas materias es que instituciones como la Fiscalía funcionan sólo si hay alguien que les insta», ha criticado.