A la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) se le amontona el trabajo. Este año irá integrando en la legislación sobre seguros la Directiva de Igualdad de Género y, específicamente, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (más conocida como Test-Achat) que prohíbe desde el 21 de diciembre que se tenga en cuenta el sexo como factor de cálculo de las primas en los seguros de nueva contratación.

Otra norma que prepara el departamento que dirige Flavia Rodríguez-Ponga es la incorporación del recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros para Responsabilidad Civil de vehículos terrestres en acontecimientos extraordinarios, ampliando la cobertura no sólo a los que tengan pólizas de Daños; sino también al resto del ramo.

También se permitirá  que las aseguradoras españolas puedan operar con agencias de suscripción, evitando así la discriminación a la que se veían sometidas frente a entidades de otros Estados de la UE que sí pueden distribuir seguros a través de estas firmas.

En planes de pensiones, se admitirá, con carácter excepcional y temporal (en principio, durante dos años) la liquidez de los derechos consolidados en caso de ejecución de la vivienda habitual. Siempre que se cumplan determinados requisitos: el partícipe del plan de pensiones, PPA o productos similares no puede poseer otros bienes valorables; el importe de los derechos consolidados debe ser suficiente para paralizar el desahucio;  y el importe de la reclamación debe pagarse en los siete días siguientes a su presentación.

Pero la principal novedad es que las aseguradoras deberán valorar sus bienes inmuebles cada dos años, y no cada tres como hasta ahora. Como mínimo, porque la normativa facultará a la DGSFP a reclamar una frecuencia mayor en esa valoración, como precisó el subdirector general de Seguros y Politica Legislativa, Pablo Muelas, en un acto organizado por la Fundación Inade en Vigo (Pontevedra). El objetivo es evitar que el valor de los inmuebles de las aseguradoras no responda a la realidad, con los riesgos que supondría para la situación patrimonial de éstas.

Esta obligación de valorar cada dos años los inmuebles incrementará los costes de las aseguradoras, y el negocio para las sociedades de tasación. Pero la supresión de la presentación de la Documentación Estadístico-Contable (DEC) semestral de los mediadores (sólo se exigirá la DEC anual) confirma el compromiso de la DGSFP para reducir las cargas administrativas en el sector.

Más información en Multirriesgos

La regulación del arbitrio de bomberos, otra de las normas que prepara Seguros, supondrá que todas las aseguradoras que operan en Multirriesgos tendrán la obligación de facilitar al Consorcio datos sobre su facturación en pólizas de Incendios, diferenciando las primas por el término municipal en el que esté situado el riesgo. El Consorcio transferirá  la información a la Federación Española de Municipios y Provincias para que ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios puedan recabar tributos y satisfacer determinados gastos derivados de las labores de extinción de incendios.

La DGSFP también prepara una reforma de la Ley de Protección de Datos, contemplando la cesión de datos sin consentimiento sólo para poder cumplir el contrato de seguro o reaseguro. Una modificación de  la regulación de los convenios entre aseguradoras de Asistencia Sanitaria para lesionados de tráfico. Y sobre todo, una norma por la que Seguros requerirá a las entidades medidas para “impedir, prevenir, detectar, informar y remediar el fraude”.

Seguros ha retomado los trabajos para el anteproyecto de Ley de Supervisión, ya que se ha decidido no esperar a la aprobación de la nueva Directiva de Mediación (IMD2), que en el mejor de los casos no estará traspuesta a la normativa española hasta 2016.

También se modificará la Ley de Contratos de Seguros, para regular figuras como Decesos o Dependencia, adaptarse a la normativa europea sobre protección del consumidor, reforzar el deber de información contractual e incorporar criterios del Servicio de Reclamaciones de la DGSFP.

Seguro como garantía de la promoción

Para potenciar el seguro como forma de garantía de cumplimiento del compromiso asumido en promociones inmobiliarias, o de la devolución de las cantidades  anticipadas, la norma obligará al promotor de la vivienda a garantizar las cantidades (a través del seguro de Caución o de aval bancario), en pólizas  individuales en las que  quede debidamente identificado el tomador (el promotor), y el asegurado (cada comprador, individualmente), identificando además la vivienda objeto de esa protección. Se incrementarán las obligaciones de información al comprador, y se formalizará la  obligación de ingresar las cantidades anticipadas por éste en una cuenta independiente.

La modificación del Baremo de víctimas de accidentes de tráfico busca dar un trato más justo a los grandes lesionados y que sean más proporcionadas las indemnizaciones  a  los  menores. Se ha ampliado el plazo para la presentación del informe del Comité de Expertos previo a esta reforma hasta el 31 de julio, debido a la incorporación de más especialistas.

Seguros impulsará que la UE apruebe la Directiva Omnibus II sobre Solvencia II, que debería haberse puesto en marcha en el primer trimestre de 2012; la de Mediación y Distribución; y que se aclare el impacto de la regulación de los PRIPS (Packaged Retail Investment Products, productos empaquetados de inversión minorista) en los seguros con componente de inversión (como los unit link).