El PSOE ha pedido la comparecencia urgente del Gobierno para que aclare al Congreso si es cierto que el extesorero del PP Luis Bárcenas, al que se atribuyen hasta 22 millones de euros en Suiza, se acogió a la «indecente amnistía fiscal» aprobada por el Ejecutivo, pues, según ha explicado la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, «la mera sospecha» de que se adoptaron estas medidas para «encubrir» a «amigos» del PP exigiría la depuración de responsabilidades.

En declaraciones en el Congreso, Soraya Rodríguez ha recordado que el presidente Mariano Rajoy dijo en 2009 que «nadie podría probar que Bárcenas no es inocente», una frase que ahora el PSOE utiliza en su contra y que relaciona con dos reformas del Gobierno del PP que tacha de «indecentes»: la amnistía fiscal y la reforma parcial del Código Penal que elimina el delito fiscal en caso de acogerse a un proceso de regularización.

«Durante este primer año de Gobierno, podríamos pensar que Rajoy ha adoptado algunas medidas para hacer cierta aquella afirmación de 2009», ha insinuado.

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha exigido responsabilidades políticas al PP al conocerse que su extesorero Luis Bárcenas, imputado en la trama Gürtel, llegó a acumular en Suiza hasta 22 millones de euros. «¿Estaba el kilómetro cero de la financiación ilegal del PP en la sede Génova, en un despacho próximo al de quien ya era secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y no lejos del de Mariano Rajoy?», se ha preguntado.

En declaraciones en el Congreso, Cayo Lara ha indicado que en el caso de Bárcenas hay una responsabilidad penal que afecta al tesorero del PP pero también hay «responsabilidades políticas» por parte del Partido Popular, ya que durante años estuvo ocupando un cargo relevante en Génova y, a su juicio, cuesta «muchísimo entender» que ahora, por el mero hecho de darse de baja como militante, haya un divorcio entre Bárcenas y el PP.

De entrada, el presidente de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha pedido al Ministerio de Hacienda que dé a conocer la lista de los principales defraudadores del país para actuar ya contra ellos, pues en caso contrario podría darse una caso de presunta prevaricación, y que publique los nombres de quienes se han acogido a la amnistía fiscal.