El departamento de Cristóbal Montoro insiste en que, «en relación con las noticias aparecidas sobre las nuevas afirmaciones del abogado de Bárcenas«, que reitera que el extesorero del PP regularizó 10 millones de euros y que podría haberlo hecho a través de sociedades de su propiedad, mantiene que «Luis Bárcenas no presentó la Declaración Tributaria Especial», nombre con el que se conoce la amnistía fiscal.

Además, Hacienda indica, en relación con las posibles sociedades o entidades a las que hace referencia el abogado de Bárcenas, que la Agencia Tributaria realiza de «forma continua» todas las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación sobre personas físicas o entidades, cualesquiera que estas sean, en las que concurren perfiles de riesgo fiscal, situación en la que la inspección tributaria tiene la obligación de actuar.

El comunicado añade que la Agencia Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, interviene de oficio siempre que hay indicios de acciones fiscales irregulares, impulsando las actuaciones administrativas o judiciales que, en cada caso, correspondan.

En todas estas actuaciones, prosigue Hacienda, se analiza toda la información de que dispone la Agencia Tributaria relativa al contribuyente, personas o entidades con él relacionadas o de terceros, incluyendo sus declaraciones tributarias y, entre éstas, la Declaración Tributaria Especial.

En definitiva, concluye que las actuaciones de la Agencia Tributaria, también en los casos aparecidos recientemente en prensa, «no se ven limitadas por la eventual presentación de una Declaración Tributaria Especial, que tiene una naturaleza estrictamente tributaria y que, en consecuencia, no afecta a la posible apreciación de delitos de otra naturaleza».

Inspectores de Hacienda dicen que la amnistía pudo servir para blanquear dinero obtenido ilícitamente

Por su parte, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha denunciado que los «graves» casos de corrupción conocidos esta semana demuestran que la amnistía fiscal se ha podido utilizar para blanquear dinero obtenido de forma presuntamente ilícita, como reiteradamente ha venido advirtiendo la asociación.

Sin citar expresamente el caso del extesorero del PP Luis Bárcenas, que según sus abogados habría regularizado 10 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal, los inspectores de Hacienda reclaman tener acceso a la información derivada de la misma para combatir el fraude fiscal, la corrupción y el blanqueo de capitales, y que este acceso se extienda también al Ministerio Fiscal, los jueces y tribunales y el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Seplac).

Además y también en referencia al caso Bárcenas, los inspectores afirman que el Ministerio de Hacienda no debería emitir comunicados «que cuando menos bordean la legalidad» en cuanto a la confidencialidad de los datos tributarios, máxime cuando dicha actuación, en referencia al caso concreto del extesorero del PP, podría interpretarse como realizada «exclusivamente» para la conveniencia de los intereses de un partido político.

«La amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en marzo pasado no sólo ha permitido que muchos defraudadores fiscales vean perdonadas sus culpas pagando una cuantía simbólica de impuestos, sino que también está sirviendo, presuntamente, para blanquear capitales obtenidos ilícitamente», denuncian.

Como recuerdan los inspectores de Hacienda, para acogerse a la amnistía fiscal no había que demostrar, ni siquiera manifestar, cuál era el origen del dinero que se pretendía amnistiar. Por otra parte, tampoco se establecieron mecanismos para controlar este origen.

En consecuencia, y dada la «oscuridad» de la declaración, añaden, ya ha habido varios casos de personas, objeto de investigación penal, que se han acogido a la misma. «La intención de estas personas era reintroducir en el circuito legal fondos obtenidos de forma presuntamente ilegal, es decir blanquearlo», indican.

Información pública sólo cuando conviene

Los inspectores indican que el hecho de que la información de la amnistía fiscal debe ser utilizada en la lucha contra la corrupción no significa que deba ser pública y, de hecho, añade que toda la información facilitada a la Agencia Tributaria es confidencial. Por ello, afirma que si el Gobierno quiere que parte de ella sea pública debe cambiar las leyes, empezando por el artículo 95 de la Ley General Tributaria.

Por esta razón, la organización de inspectores de Hacienda considera «inapropiada» la nota de prensa en la que el jueves el Ministerio de Hacienda daba publicidad a la situación fiscal de un contribuyente, el extesorero de un partido político, manifestando que no se había acogido a la amnistía fiscal.

«Si se considera que los datos de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal deben ser públicos, en ese caso corresponde modificar las leyes para que todos lo sean, pero lo que es absolutamente inadmisible es que solo se hagan públicos los que convengan a los intereses políticos de un determinado partido», reprochan.

Por todo ello, lamentan la «indebida politización» de la Agencia Tributaria que provoca comunicados como éste, «que se inscriben más dentro del ámbito político que en el técnico de aplicación del sistema tributario y de lucha contra el fraude».

En este sentido, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda defiende que la Agencia Tributaria se configure como un ente independiente del poder político, por lo que urge a la aprobación de un estatuto jurídico que garantice dicha independencia.