La batalla legal de Acciona está en plena marcha. La filial de aguas del grupo que controla la familia Entrecanales ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la resolución del órgano administrativo de recursos contractuales de la Generalitat de Catalunya del pasado 2 de enero, en el que se decidió su expulsión de la licitación del servicio de agua en alta Ter-Llobregat (ATLL).

Este recurso se une al que, con el mismo objetivo, presentó Generalitat ante el mismo tribunal para defender los criterios que le llevaron a adjudicar el citado concurso a Acciona Agua. Entre los argumentos expuestos por la compañía está el que apunta a que la concesión cumple con todas las bases de la licitación, mientras que la resolución del organismo administrativo de la Generalitat vulnera el ordenamiento jurídico. En principio, la empresa estima que la resolución no invalida la concesión del servicio de aguas en alta Ter-Llobregat (ATLL) hasta que no se pronuncien los tribunales.

Detrás de la decisión del órgano contractual de la Generalitat se encuentra una batalla empresarial, en la que frente a Acciona se sitúa Aguas de Barcelona (Agbar), que lamentó después de la adjudicación que no se tuviese en cuenta la «permanencia territorial». Agbar  manifestó que recurriría el concurso que da al grupo que preside José Manuel Entrecanales la gestión del abastecimiento del agua «en alta» -desde su captación en origen hasta su entrega en los depósitos municipales- a la ciudad de Barcelona y su área metropolitana.

En medios empresariales, pese a que la Generalitat defiende su decisión y ha presentado un recurso en la misma línea que Acciona, se estima que existe un doble juego, que acabará perjudicando a esta empresa. Al Gobierno catalán los ingresos ya obtenidos por la privatización le han servido para cuadrar el déficit y hacer frente al pago de nóminas. El total del canon previsto asciende a casi 1.000 millones de euros, de los cuales 298,6 se ha aportado a la firma del contrato y los restantes 696,8 en 50 anualidades.