El 88% de los ayuntamientos y diputaciones provinciales funcionaron con presupuestos prorrogados durante todo o gran parte del año 2010, y un 1% de ellas ni siquiera llegaron a aprobar unas cuentas para dicho ejercicio, una planificación «deficiente» que acabó generando desvíos presupuestarios en buena parte de las entidades locales, según se desprende del último informe del Tribunal Cuentas de Fiscalización del Sector Público Local.

En dicho documento, remitido a las Cortes se analizan las cuentas del ejercicio 2010 rendidas a través de la Plataforma Web de Rendición de Cuentas y sobre la Contratación Administrativa que realizaron 13.509 entidades locales, incluidas organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles, pero sin tener en cuenta ni fundaciones de ámbito local ni sociedades mercantiles participadas por más de una entidad local por un valor agregado superior al 50%.

En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas apunta que el 26% de las entidades locales analizadas aprobaron el presupuesto de 2010 durante el primer trimestre del ejercicio, otro 23% lo hizo en el segundo trimestre, un 30% lo hizo en el tercer trimestre y el 8% restante utilizó presupuestos prorrogados durante todo el año. De éstas, un 7% aprobó las cuentas una vez finalizado 2010 pero un 1% nunca lo llegó a hacer.

Por eso, el organismo fiscalizador recomienda que se regulen plazos de tramitación y rendición de cuentas «más breves», homogéneos para todas las entidades locales y con «criterios de transparencia y oportunidad». De hecho, va más allá y propone que se promuevan las reformas legales necesarias para que «la rendición de cuentas sea considerada requisito indispensable para el acceso a los procedimientos de concesión de ayudas y subvenciones públicas».

Planificación deficiente

El Tribunal aprecia también una «deficiente planificación presupuestaria y económica» por parte de las entidades locales, que modificaron de media un 40% el proyecto de presupuestos aprobado, en total  20.400 millones de euros de desvío en los ingresos con respecto a los inicialmente previstos. Al final sólo se ingresó un 74% de lo previsto. A juicio del fiscalizador, esto «evidencia que las modificaciones del presupuesto de ingresos fueron muy superiores a lo necesario, cuestionando la financiación de las modificaciones de crédito aprobadas».

En lo que respecta a los gastos, las modificaciones también alcanzaron el 40%, pasando de los 50.800 millones recogidos inicialmente a los 71.100 millones aprobados en sucesivas ampliaciones. También en este caso se estima que las modificaciones fueron «muy superiores» a lo necesario, «habiéndose utilizado de forma incorrecta esta figura».

«El balance de situación agregado de las entidades locales, con un total pasivo de 153.500 millones y un total de activo de 150.300 millones no se encuentra equilibrado como consecuencia de la falta de equilibrio de los balances de situación de 80 entidades«, añade el Tribunal de Cuentas.

Liquidación de presupuestos

Por lo que respecta a los plazos de liquidación, el 49% de las analizadas realizó fuera de los plazos estipulados. En concreto, el 48% lo hizo antes de diciembre de 2011 –según la Ley de Haciendas Locales debe sustanciarse este proceso en el primer trimestre del año– y el 2% restante, incluso más tarde. Además, sólo el 78% de las 8.648 entidades locales –descontadas las vascas y navarras– rindieron cuentas, mientras que 1.511 ayuntamientos, tres diputaciones provinciales, 406 mancomunidades y doce agrupaciones de municipios nunca realizó este trámite, lo que dejar fuera al 15% de la población, presentando los municipios de menor población unos niveles inferiores.

El menor grado de rendición de cuentas se observó en Andalucía (36%), el Principado de Asturias (61%) y la Comunidad de Madrid (65%), mientras que los más altos se registraron en Galicia y Baleares (95% cada uno), y Valencia, Cataluña, Murcia, Canarias y Aragón (por encima del 90%).

Personal y contrataciones

Finalmente, el documento dedica sendos apartados a los gastos de personal en el sector público local y a las contrataciones. En primer lugar, el Tribunal señala que ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares redujeron en 10.027 efectivos en 2010, contando al final del ejercicio con un total de 647.488 trabajadores.

En su conjunto, el número de funcionarios se incrementó en 2.164 personas mientras que cayó el de laborales (-11.416) y el de eventuales (-775). Esto permitió que los gastos de personal sumaran 15.000 millones de euros, el 28% del gasto en 2010, un 1% menos que un año antes gracias fundamentalmente a la disminución del 10% de la productividad y del 8% de las indemnizaciones, y pese al aumento del 1% en las retribuciones.

En este sentido, se subraya que el mayor aumento de las retribuciones se dio en las mancomunidades y en los ayuntamientos de entre 1.001 y 50.000 habitantes. La media de gastos de personal por habitante ascendió a 339 euros, si bien en el 37% de las entidades el dato osciló entre esa cantidad y 678 euros por habitante.