Los funcionarios ven una puerta abierta en el conflicto por la recuperación de la paga extra de diciembre suprimida por el Gobierno central. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha condenado a la empresa pública ICM al pago de la una parte de la paga extra suprimida a los empleados públicos. Se trata de una pequeña parte de esa paga -entre 60 y 220 euros- si bien las centrales creen que abre “una nueva etapa” en su conflicto con el Ejecutivo de Rajoy.

Los sindicatos celebraron este martes como una victoria la sentencia del TSJ de Madrid, que obliga a la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM), una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, a pagar una fracción de la paga extra detraída a los empleados públicos el año pasado por el real decreto 20/2011 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Según el tribunal, la sentencia repara un defecto en la aplicación del real decreto. En concreto considera que los empleados públicos ya habían generado el derecho a la paga extra, al menos a una parte, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó el real decreto, el 15 de julio.

El mecanismo de generación de la paga extra divide el año en dos partes. En el primer semestre, los empleados públicos devengan la paga extra de junio, mientras que, durante el segundo semestre, se adquiere el derecho a cobrar la paga extra de diciembre. Dado que el real decreto entró en vigor el 15 de julio, el tribunal entiende que los empleados ya habían devengado la paga que corresponde a los 14 días que van del 1 al 14 de julio.

Por el contrario, el tribunal desestima otra parte del recurso presentado por CCOO. El TSJ entiende que el real decreto constituye una excepción a la negociación colectiva, tal y como estaba recogido en el propio real decreto, sin ser “contrario a derecho”. Además, recuerda que su aplicación prevalece sobre otras normas en virtud del principio de jerarquía normativa, recoge la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.

Nuevos frentes en la batalla judicial

Tras la sentencia, la pelea por la ‘extra’ sigue abierta. Y con renovado brío, según advirtieron este martes en Madrid representantes de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos que agrupa al grueso de los empleados públicos del Estado.

Antes de detallar su nueva ofensiva, los sindicalistas criticaron la nueva ley de tasas judiciales, y la condena en costas, que están frenando, dijeron, la presentación de recursos.

No obstante, destacaron que la Plataforma ha presentado recursos en relación a funcionarios de enseñanza y sanidad en 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla; y en 13 ministerios de la Administración General del Estado y la Agencia Tributaria.

A partir de ahora la Plataforma se centrará en el personal laboral con la presentación de nueve conflictos colectivos que afectan a trabajadores de la Fábrica de Moneda y Timbre, Correos, Renfe, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Museo del Praro, Aena, Patrimonio, BOE y la empresa de aguas Acuamed.

En cuanto a la administración local y autonómica, la estrategia de los sindicatos pasa por presentar recursos en dos o tres entidades municipales “de las más importantes”, además de nuevos recursos “en todas las comunidades autónomas” relativos a enseñanza y Sanidad.

Finalmente miembros de la Plataforma criticaron que los empleados públicos de las Cortes Generales hayan cobrado la paga extra de diciembre por efecto, añadieron, de la “total incompetencia” del Gobierno de Rajoy a la hora de hacer cumplir las normas por igual en todas las administraciones del Estado.