¿Cómo podrá el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, negar en el Congreso de los Diputados que la amnistía fiscal fuera un traje a la medida del extesorero del PP Luis Bárcenas y de otros patriotas gurtélidos? Un traje, además, plagado de correcciones nicomédicas (por detrás), al gusto de la clientela y la parentela. Difícil papeleta la que Mariano Rajoy ha encomendado al sastrecillo valiente mientras él se ausenta a Sudamérica hasta el lunes Dios mediante.

Ya es sabido que el titular de Hacienda desmintió en nombre de la Agencia Tributaria la afirmación del abogado de Bárcenas, señor Trallero, de que había acogido a la amnistía fiscal para regularizar 10 millones de euros de los 22 que llegó a manejar en una cuenta secreta en Suiza a nombre de la fundación privada panameña Siqueanom. Y que a partir de ese desmentido, no cabe esperar ninguna explicación suplementaria que valga la pena o modifique esa premisa en la comparecencia que protagonizará el ministro este miércoles en el Congreso.

Pero vale la pena fijarse en el relato anticipado por la portavoz socialista Soraya Rodríguez en la Diputación Permanente, según el cual, el Gobierno ha utilizado el sello del Estado para “blanquear fondos ilícitos y de actividades ilícitas” y “ha cedido ante los defraudadores” en, al menos, tres aspectos desde el decreto inicial de regularización fiscal. Son puntos nicomédicos y vergonzantes que la propalada decencia y transparencia del Ejecutivo. Veamos.

Los defraudadores querían más ventajas, y las consiguieron: del 9 y10% establecido han tributado al 1 y 2%. Querían impunidad, y la obtuvieron: mediante informe jurídico ministerial y correspondiente circular de 29 de junio pasado se consideró “improcedente” conocer el origen del patrimonio aflorado y mediante la reforma urgente del artículo 305 del Código Penal se les exculpó de todo delito fiscal. Pero querían más garantías, y las obtuvieron: aprovechando el decreto 19/12 sobre horarios comerciales, ajeno al asunto, se extendió la amnistía a sociedades opacas, radicadas en paraísos fiscales.

Hasta ahora sabíamos que los gobernantes congelaban las pensiones, negaban la revalorización fijada por ley, restaban el sueldo a los empleados públicos, jibarizaban los derechos sociales y laborales conquistados con el fin de crear empleo (atención a la EPA) y, en fin, subían los impuestos expropiatorios de los salarios para reducir un déficit público (atención al resultado, que frente al 6,3% comprometido no bajará del 7,3% cuando se dignen publicarlo). Lo que no sabíamos es que hacían mangas y capirotes con las leyes del Estado democrático para disfrazar a delincuentes. ¿Qué podrá contar Montoro ante el desprestigio y la desafección política de un país que se desangra?, se preguntaba ayer Cayo Lara.