El Gobierno asumirá los 408 millones que costará la nueva ley educativa

24/01/2013

M. Asenjo. La implantación de la futura Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) tendrá unos costes directos de 408 millones de euros distribuidos en tres años, que el Gobierno central asumirá totalmente.

Estos son los datos que constan en el borrador de la memoria económica enviada por el Ministerio a las comunidades autónomas, que será debatida en la Conferencia Sectorial de Educación el próximo 7 de febrero. No obstante,  se trata de una reforma de bajo coste, sobre todo si se toma como referencia la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE), aprobada por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya dotación económica ascendía a 7.000 millones de euros.

Las comunidades autónomas responderán, en principio, según sus disponibilidades presupuestarias, de los costes indirectos, que dependerán del incremento del alumnado de FP y, en consecuencia, la reducción del abandono escolar, que ahora se sitúa en el 26,5%. Conseguir que el abandono escolar se reduzca hasta el 15% al cuarto año de implantación de la reforma educativa supondría una inversión progresiva de 334 millones de euros hasta entonces, entre otros cálculos de la mencionada memoria económica de la Lomce.

La reforma no comenzaría a implantarse, en el mejor de los casos, hasta el curso 2014-2015 y en los tres años naturales de su desarrollo el Gobierno central asignaría 23, 130 y 255 millones de euros, respectivamente.
La estimación de los costes directos se ha multiplicado por cinco, según fuentes próximas al Ministerio que dirige José Ignacio Wert, con respecto al cálculo inicial, debido principalmente a tres motivos. En primer lugar, al impacto de la nueva estructura de dos itinerarios en cuarto de ESO (hacia el Bachillerato y la FP) en algunas comunidades con un alto índice de escuelas rurales, según han advertido las administraciones autonómicas. En segundo lugar, ha contribuido al incremento de la cifra los dos años que durará la nueva FP básica. En tercer lugar, ha subido las estimaciones  un menor ahorro por la «compactación» de asignaturas de Bachillerato, que se prevé más gradual los primeros años.
Otros costes directos «menores» se refieren a las evaluaciones de 2º o 3º de Primaria (1,5 millones de euros) o la final de ESO (2,3 millones). Los gastos indirectos tendrán que ver con el éxito de la reforma, de tal manera que serán mayores cuanto más aumente el alumnado de FP y más baje el abandono escolar temprano.

El Ministerio contempla  tres «escenarios» de inversión. El primero, de 50 millones de euros para bajar el abandono al 20%; el segundo, presupuestado en  334 millones para el 15%; y el tercero, con 927 millones, para el 7,5%. Fuentes oficiales han comentado que lo más realista es llegar al 15% en el curso 2018-19, aunque han reconocido que el plazo de cuatro años para alcanzarlo pudiera retrasarse por la evolución de la situación económica y financiera, difícil de prever.
Sin embargo, el aumento de oferta de FP y de costes asociados es correrá a cargo de las autonomías por tener transferidas las competencias de Educación, aunque  Educación sostiene que se podrá negociar esta cuestión con el Gobierno y ver qué ritmo de ampliación de plazas y dotación del profesorado necesario es posible. La FP es mucho más cara que la formación académica,  con un coste mínimo anual por puesto escolar de 6.000 euros, que aumenta según la familia profesional de los estudios.

La implantación de la reforma educativa respetará los objetivos de déficit público para 2013-14 y “el inicio de la incidencia sobre los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se producirá hasta el ejercicio 2016″, según la mencionada memoria.

Por otra parte, el Pleno Consejo Escolar del Estado, máximo órgano de consulta del Gobierno en materia de enseñanza no universitaria, debate este jueves el informe de la Ponencia encargada de analizar el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que como conclusión más destacada advierte de que “no será posible desarrollar gran parte de las propuestas si no se cuenta con los suficientes recursos económicos y humanos».

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