La nueva norma aprobada por el Gobierno a propuesta de los Ministerios de Economía y Competitividad y Hacienda y Administraciones Públicas, busca reducir la «maraña administrativa» de España en expresión de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Ministerio de Economía y Competitividad estima que la aprobación de esta ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52% en un periodo de diez años. El aumento sería aproximadamente del 0,15% PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.

La ley está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya funcionan en el Mercado Único Europeo. De esta forma, cualquier producto a servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional.

Una vez se apruebe, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país.

Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.

Elimina el coste de 17 regulaciones distintas

El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España.

La nueva ley, según afirmó al término del Consejo de Ministros la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, «no perjudica a nadie y beneficia a todos» y es una de las reformas «más importantes» incluidas en el plan nacional enviado a Bruselas, con la que el Gobierno busca elevar la competitividad de la economía y desbrozar la maraña normativa en España.

Para conseguirlo, permitirá que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales al operar en una comunidad autónoma concreta. «Se basa en un principio de confianza mutua», añadió.

Por otro lado, la norma incluye una disposición adicional para que la plataforma de contratación del sector público incluya las licitaciones de todas las administraciones, con el objetivo de que todo el mundo pueda conocer las necesidades de contratación de cualquier administración.

No armoniza ni recentraliza

«Es una ley que parte de la coordinación de todas las administraciones»,dijo Sáenz de Santamaría, tras garantizar, sin embargo, que no pretende la armonización ni la recentralización, puesto que se aceptarán las licencias o permisos de cada administración asumiendo la presunción de legalidad. «Lo bien hecho para una tiene que estar bien hecho para todas», comentó.

Según la vicepresidenta, no tiene sentido que hoy en día una empresa de servicios alimentarios tenga que incluir especificaciones diferentes en función de dónde vaya a comercializar sus productos, que una compañía de agua mineral tenga que cambiar los etiquetados o que un fontanero necesite inscribirse en un registro especial o conseguir un certificado profesional diferente para trabajar en otra comunidad.

A su parecer, la reducción de la «maraña administrativa» en España es una reclamación generalizada dentro y fuera del país, ya que son muchos los colectivos y los organismos internacionales, como el Consejo Europeo, que han resaltado la necesidad de aprobar una ley así en España, similar a las que existen en otros países vecinos.

Cataluña, Madrid y País Vasco

La norma, según ha dicho, beneficia a todos, aunque sobre todo a las comunidades más industrializadas y con un sector servicios de mayor tamaño, como Cataluña, Madrid y País Vasco.

Estas tres regiones suponen el 44,6% del PIB de la industria española; el 43,7% del transporte, comercio y la hostelería y, en términos generales, el 42,5% del PIB español.

En cualquier caso, la portavoz ha insistido varias veces en que la norma no perjudica a nadie ni modifica las competencias de las comunidades. De hecho, ha explicado que el exceso de carga administrativa se lleva en España el 4,6% del PIB, cifra que se reducirá en un 35% gracias a la nueva ley.

A su parecer, es una ley «muy importante», que inicia ahora el trámite de consulta y que irá a la conferencia sectorial de Comercio para buscar el máximo consenso y acuerdo con las comunidades autónomas. «Es una norma muy importante y necesaria que puede generar un importante impulso a la credibilidad», ha concluido.

Incentivar la inversión extranjera

Según el Ministerio de Economía, la sobreabundancia normativa supone un claro desincentivo a la inversión extranjera, aumenta la inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala, lo que perjudica la competitividad de nuestra economía y se traduce en destrucción de empleo.

En este sentido, añaade, la nueva ley atiende a una reclamación generalizada de los operadores económicos, de las patronales empresariales y de los inversores, tanto nacionales como extranjeros.

Son numerosos los organismos, añade el departamento que dirige Luis de Guindos, que han destacado la necesidad de introducir una mayor simplificación administrativa en España. El Consejo Europeo, en sus Recomendaciones a España en el procedimiento del Semestre Europeo, establecía la necesidad de “eliminar los múltiples obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno”.

La medida, que está incluida en el Plan Nacional de Reformas, permitirá a España mejorar en los rankings internacionales de competitividad.

Confianza y reconocimiento mútuo

Ell Ministerio de Economía asegura que la nueva ley está basada en la confianza y el reconocimiento mutuo y en la responsabilidad de todas las administraciones. Se basa en la colaboración ex ante y ex post para el control y la supervisión.

En concreto se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para la elaboración de proyectos normativos con objeto de preservar la coherencia de los mismos.

También, se establece un procedimiento de intercambio de información especial y abreviado entre administraciones y entre autoridades de origen y destino para el ejercicio de las funciones de supervisión. Asimismo, se establece la integración de una base de datos común de los diferentes registros sectoriales de AA.PP.

Las conferencias sectoriales van a servir de instrumentos para impulsar la buena regulación y solucionar problemas de unidad de mercado que afecten a ciudadanos, empresarios y profesionales.

Consejo para la unidad de mercado

Además, se crea el Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa para velar por el cumplimiento de la ley.

El Consejo estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y contará con la participación de los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas. También formarán parte del Consejo la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa -que ocupará la Secretaría-, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Subsecretaría de Presidencia.

Este Anteproyecto habilita por primera vez a los operadores a acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de que entiendan que actos o sanciones de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado y por tanto obstaculizan la libre circulación de sus productos o servicios.

La CNMC deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud. Si la admite a trámite, el organismo interpondrá recurso ante autoridad judicial, lo que podrá significar la suspensión automática del acto recurrido.

De esta forma se evitan los costes de tiempo y dinero que suponen a las empresas y profesionales esperar a una resolución judicial para ejercer sus actividades económicas.

Po otro lado, para garantizar la igualdad de condiciones de las empresas y profesionales en todo el territorio nacional, esta ley incluye el principio de no discriminación. Esto evita, por ejemplo, que sea requisito necesario para dar una autorización a una empresa que los empleados de una ésta hayan recibido cursos de formación en esa CC.AA.