El progreso alcanzado por España a lo largo del siglo XX no se entiende sin la contribución de las clases medias. De ese estrato social ha surgido la fuerza económica que ha hecho posible la modernización del Estado en todos sus aspectos. De él ha emanado la capacidad de trabajo para poner el país en marcha, los cuadros de técnicos y especialistas que han gestionado todo ese progreso en sus diferentes variantes (infraestructuras, sanidad, educación, judicatura, etc.) y buena parte de nuestro tejido productivo.

 

Su influencia en el terreno económico ha sido y es enorme. A su capacidad de consumo, según se pone en evidencia en distintos estudios de estructura económica, se le atribuye un peso cercano al 60%  en la formación del Producto Interior Bruto, y otro tanto puede decirse de su contribución al sostenimiento del Estado en forma de tributación sobre las rentas del trabajo. Alrededor del 40% de los ingresos fiscales proceden del IRPF, prácticamente cuatro veces más de lo que recauda el Estado por beneficios empresariales o dos veces más que por el IVA.

 

La vocación de esta clase social ha sido y es la dar cohesión y estabilidad a un país. Metafóricamente, es el enorme continente a conquistar por parte de los ciudadanos, pues sólo en él es posible alcanzar el grado de desarrollo personal y de prosperidad tan necesarios para la consecución de un nivel de bienestar adecuado. La clase media es el territorio en el que se forjan los sueños y en el que terminan cumpliéndose a fuerza de muchos días y horas de esfuerzo y buenas dosis de ilusión. Y también, qué duda cabe, es el sitio en el que nacen las vocaciones empresariales. En definitiva, supone la cristalización de un círculo virtuoso que se va retroalimentando de sus propios éxitos y que puede quebrarse con rapidez si los estímulos que recibe son negativos.

 

Precisamente porque muchos somos conscientes de la trascendencia de esta clase social proteica y esencial, vemos con preocupación el enorme peso y responsabilidad que se ha puesto sobre ella para la superación de la crisis. Sus límites están siendo socavados por el desempleo galopante, que se cifra ya en seis millones de personas y el deslizamiento de muchas familias hacia las profundidades de la pobreza. Algunas estadísticas hablan de que el umbral de necesidad se alarga ya a nueve millones de habitantes, el 20 por 100 de la población total de España. Y por la parte de arriba, la distancia patrimonial de las grandes fortunas se agranda más y más.

 

La política reformista del Gobierno se ha centrado hasta ahora en tres vertientes principales: el ajuste del déficit, el saneamiento del sector financiero y la reforma laboral. Y de cada una de ellas se ha derivado más presión sobre los ciudadanos, en forma de más desempleo y creciente fiscalidad. Se han gravado sus mermadas rentas (sometidas a un proceso de devaluación real), se ha recortado la rentabilidad de sus ahorros y se han encarecido sus consumos. No ha quedado ningún resquicio de vida ciudadana o de actividad económica que no haya sido objeto de la voracidad fiscal. Y para colmo, su principal patrimonio, constituido por las viviendas, ha perdido en algunos casos  casi la mitad de su valor, incrementándose el efecto pobreza de las familias.

 

Maltrecha en lo económico, socavada su moral por cinco años de crisis y el debilitamiento de su fe en las instituciones, las clases medias se aprestan a resistir y a reinventarse, sin que nadie esté muy seguro de adónde nos lleva toda esta deriva. La crisis y la respuesta a la crisis están desestabilizando y amenazando el estilo de vida de un amplísimo colectivo que si algo ambiciona es la estabilidad y un horizonte de progreso.

 

La caída de la prima de riesgo española por la insinuación intervencionista del Banco Central Europeo ha supuesto un alivio en el suministro de financiación para el Estado, pero mucho nos tememos que también ha conseguido que nuestros dirigentes hayan subido el pie del acelerador para posponer las necesarias reformas para el crecimiento que necesita este país. Sin el repunte de nuestra actividad económica y del empleo no habrá mejoría. Y para ello habrá que ir pensando en restaurar la confianza y el poder adquisitivo de las familias. En definitiva, es hora de plantearse una nueva política que no cercene el potencial económico de las clases medias, y para ello la reconsideración del marco fiscal para ciudadanos, empresas y emprendedores será clave, aparte de un nuevo talante de los dirigentes públicos que ponga el acento sobre la más escrupulosa ejemplaridad.