Continuando las reformas estructurales llevadas a cabo desde hace unos años en el vecino país pirenaico, su gobierno ha decidido hoy modificar el actual marco legislativo sobre inversiones extranjeras para ampliar su competitividad. La reforma supone una oportunidad de inversión para las empresas españolas, según fuentes gubernamentales.

El texto aprobado por el gobierno indica que la liberalización de las inversiones extranjeras, acompañada de la firma de convenios para evitar la doble imposición fiscal, «tiene que posicionar la economía andorrana en situación de competir en igualdad de condiciones con las economías vecinas y también construir un destino atractivo para nuevos sectores y empresas». Así, el proyecto establece la apertura total de la economía, aunque fija algunas salvaguardas para «preservar» los intereses de los sectores que el estado considera estratégicos. En este sentido, la ley hace una mención expresa y «evita» las inversiones procedentes de países no cooperativos en materia de blanqueo, abundando en la apuesta de Andorra por desprenderse de la sombra de paraíso fiscal que arrastra.

La ley de inversiones extranjeras forma parte de la reforma fiscal que promueve la apertura económica del Principado y presenta novedades que facilitan la instalación de empresas extranjeras en el país, así como la posibilidad de los profesionales liberales foráneos de ejercer su profesión en Andorra, entre otras. Las inversiones extranjeras tienen garantizada con esta ley “la máxima seguridad jurídica”, al mismo tiempo que da acceso al extranjero a los profesionales y a las empresas andorranas. De este modo, se pretende abrir nuevos mercados y conseguir que nuevas marcas se instalen en el país, haciendo prosperar y crecer su economía.

En los últimos años, el Govern ha realizado profundas reformas fiscales con el objetivo de equiparar la economía del Principado con las economías vecinas. La ley de inversiones extranjeras establece una apertura total de la economía, pero fija ciertos requisitos para preservar los intereses de los sectores que se consideran estratégicos, como el sector eléctrico o el hidráulico. Así, las inversiones extranjeras se pueden denegar si perjudican la soberanía, la seguridad nacional, el medio ambiente o el interés general.

Las empresas pueden invertir e instalarse de forma libre o a través de una autorización previa, en el caso de las empresas con participaciones en fondos de inversión con más del 50% en sociedades andorranas o en inmuebles situados en el Principado. La ley mantiene el procedimiento de autorización previa en todas las inversiones directas de capital extranjero que superen el 10% de las acciones de una sociedad. Las empresas interesadas deben enviar una solicitud al Govern andorrano, quien hará una evaluación y emitirá una resolución. Si en el plazo de un mes el Govern no se pronuncia, se interpretará silencio positivo, es decir, la aceptación del permiso.

La ley también permite a determinados profesionales liberales ejercer su profesión de manera independiente en Andorra. Por ello, es necesario acreditar la residencia legal en el Principado y debe existir un convenio bilateral entre el país de origen y Andorra, eliminando el requisito anterior de los 20 años de residencia en el Principado. En referencia a las inversiones en inmuebles, se eliminan las limitaciones en dos pisos o apartamentos por persona física extranjera, o la vinculación de la actividad empresarial en inversiones de inmuebles hechas en sociedades andorranas con la mayoría de capital extranjero.