La nacionalización de NCG Banco, que heredó el negocio financiero de la caja fruto de la fusión (impuesta por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo) entre Caixa Galicia y Caixanova, ha tenido consecuencias para otra entidad financiera de Galicia, el Banco Gallego. Esta entidad de 166 años (fue fundada en 1847 como Banco Olimpio Pérez, y que fue bautizada como Banco Gallego en 1987) será vendida, mediante subasta, por su accionista mayoritario, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que la controla de forma indirecta, a través del 49,85% en manos de NCG Banco.

El Banco Gallego había convocado junta general extraordinaria de accionistas para plantear una operación ‘acordeón’ (reducción de capital a cero para asumir pérdidas. Y nueva ampliación). Inicialmente, estaba diseñada para que los accionistas actuales acudieran a ella. Pero la decisión de NCG, controlado por el Frob aunque con participaciones testimoniales de la caja y de algunos empresarios gallegos, de acudir con una inversión de 80 millones de euros supone la nacionalización del banco.

Además del nacionalizado NCG Banco, en el Gallego están José Manuel Urgoiti, empresario, ex consejero delegado del Banco de Vizcaya y fundador del Banco 21, que en 1993 compra la entidad (cinco años más tarde las dos se fusionan, y entra además Caixanova como accionista mayoritario); Javier Ungría, propietario de Ungría Patentes, con el 11,45%; los empresario gallego Epifanio Campo, con el 11,58%, y Ramón Bahamonde, con el 3,65%; Inditex (la empresa propietaria de Zara y controlada por Amancio Ortega, que es accionista del Banco Popular tras la absorción del Pastor), con el 2,46%; y el banco francés BNP Paribas, con el 3,13%.

Como los empresarios gallegos que aportaron 70 millones de euros en el proyecto de José María Castellano, que fue número dos de Inditex con Amancio Ortega, para mantener NCG Banco en manos privadas, estos inversores prácticamente perderán su inversión si no acuden a la ampliación de capital y aportan dinero fresco al Banco Gallego. No han decidido si hacerlo. Y tampoco han decidido es si van a seguir los pasos de sus colegas en NCG Banco y acudirán a los tribunales para tratar de recuperar el dinero invertido en el Banco Gallego

El plan de reestructuración impuesto a NCG Banco a cambio de las ayudas públicas recibidas implica «la venta en el corto plazo de su participación» en el Banco Gallego. Fecha tope: mayo.

El Frob ha dejado muy claro que el Banco Gallego, una vez que haya sido nacionalizado de facto, será vendido. Mediante subasta, previsiblemente una vez que se haya adjudicado CatalunyaBanc, lo que está previsto antes del 31 de marzo (la presentación de ofertas no vinculantes por el banco catalán finaliza el 28 de febrero). La intención del Estado es que la venta del Banco Gallego, que tendrá consecuencias positivas para el saneamiento de NCG Banco, esté encarrilada antes del verano. Si no hubiera comprador, se procedería a la liquidación ordenada de la entidad.

 

Patrimonio negativo de 9,12 millones

 

La entidad, con 180 oficinas en toda España pero con la mayor parte de su negocio radicado en Galicia (4.313 millones de euros en recursos de clientes, 3.391 millones en créditos en 2011), tiene 730 empleados. En 2011 registró unas pérdidas de millones de euros. A octubre de 2012, según el balance que acompaña a la convocatoria de la junta general de accionistas y que está auditado por Deloitte, tiene un patrimonio negativo de 9,12 millones de euros (254,73 millones positivos en 2011), tras los saneamientos exigidos por la normativa.

Los sindicatos esperan para el Banco Gallego una solución como la del Banco de Valencia: la adjudicación a uno de los grupos bancarios. Sabadell, Santander, CaixaBank y BBVA han mostrado interés por crecer en Galicia.

La junta general extraordinaria de accionistas tomó tres acuerdos:

1.- Aprobar el balance cerrado a 31 de octubre de 2012.

2.-Reducir el capital a cero y aumento simultáneo  de capital a 170 millones de euros, con derecho de suscripción y aportaciones dinerarias.

3.- Delegar en el consejo de administración una ampliación de capital por importe de 192 millones de euros para que la ejecute en su caso, dentro del plazo de un año.