Desde los tiempos del imperio romano sabemos que los Estados más corruptos son los que más leyes tienen (Tácito dixit). Quizá por eso los portavoces de la oposición acogieron con un escepticismo propio de Sexto Empírico la oferta de Mariano Rajoy de promulgar nuevas leyes y acometer nuevas reformas contra la corrupción política. El presidente del Gobierno despachó de este modo y en un par de minutos el escandaloso asunto de su extesorero Luis Bárcenas, por el que le preguntaron Cayo Lara (IU) y Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE). Y lo propio hizo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ante las cuestiones que le formularon Rosa Díez (UPyD) y Soraya Rodríguez (PSOE).

Propone Rajoy un pacto a partir de un informe que elaborará el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el plazo de una semana. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya pulsó por teléfono la predisposición de los dirigentes a participar en esa operación de “lavado de cara” o limpieza de cutis, como la calificó Lara. Al Centro de Estudios Constitucionales que dirige el profesor Benigno Pendás García no le faltan sesudos estudios sobre el fenómeno de la corrupción y la tangentópolis en la financiación de los partidos. Tampoco, sobre el control del gasto público. Ahí están, por ejemplo, los realizados por Francesc Vallès Vives en 2003 o por Pilar Cortés Burueta, también hace una década sobre “Los recursos públicos y los partidos políticos, perspectivas y reforma”.

Materia gris y análisis no faltan sobre las causas de la corrupción política a todos los niveles. No es ese el problema sino, como dijo Lara, “si la bomba de Bárcenas le estallará al Gobierno” y si en “un país que se desangra, con seis millones de parados”, el presidente del PP y del Ejecutivo es capaz de realizar un ejercicio de información, transparencia y colaboración con la justicia ante la supuesta financiación irregular de su partido. Lo que hasta ahora conocemos ha sido precisamente lo contrario, el “nadie podrá demostrar que (Bárcenas) no es inocente”, la defenestración del juez Baltasar Garzón por su investigación del caso Gürtel y los grandes esfuerzos para lograr que el instructor Pedreira exonerara al tesorero, pese a haber recibido millón y medio de euros del imputado Rafael Correa.

“Seamos eficaces y útiles, le invito al acuerdo”, dijo Rajoy a Lara. El presidente no se mostró tan constructivo con el socialista Rubalcaba quien, a la crítica sobre las tensiones territoriales y “los estragos de la reforma laboral”, añadió la desafección política provocada por la corrupción. “Usted tiene un problema de corrupción en su partido y le pido contundencia, ejemplaridad y celeridad”, dijo el del PSOE a Rajoy. Y éste le contestó: “Estoy de acuerdo y sólo se me ocurre hacerle la misma recomendación”. Rubalcaba replicó: “El PSOE aprendió la lección hace años, pero ustedes no, ustedes se creyeron impunes”. Rajoy desvió el asunto hacia la “estrategia de empleo juvenil” que aprobará el Ejecutivo y hacia los “buenos resultados” que, según dijo, está dando la reforma laboral. Una exclamación de sorpresa recorrió el hemiciclo.

Luego, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, se envolvió en la gualdrapa de “las medidas concretas y a ser posible pactadas” para responder a la exigencia de tipificar como delito el “enriquecimiento ilícito” y de regular los indultos, que le formuló Rosa Díez (UPyD). Santamaría recordó que se ha hecho mucho, por ejemplo, considerar responsables subsidiarios a los partidos políticos (también a los sindicatos) en las causas penales y de corrupción que afecten a sus estructuras dirigentes, el proyecto de ley de transparencia y la facultad sancionadora del Tribunal de Cuentas.

Por cierto que también sobre la opacidad, cuenta el Centro de Estudios Constitucionales, dependiente de Sáenz de Santamaría, con un valioso arsenal documental. Léase “El secreto de Estado”, de Susana Sánchez Fierro, con prólogo del constitucionalista Manuel Aragón o “La configuración constitucional del derecho a la intimidad, en particular, el derecho a la intimidad de los obligados tributarios”, de Esther Bueno Gallardo (2009). Pero ni esos estudios ni las reformas legales realizadas y las que se puedan derivar del pacto que propone Rajoy y que sugirió antes el propio Rubalcaba han evitado que, como dijo la socialista Rodríguez, una amnistía fiscal “indecente, inmoral e ilegal”, a un tipo inferior al 3%, se haya convertido en un “traje a disposición de los bárcenas y también de Bárcenas” para, mediante la reforma del 305 del Código Penal, quedar exonerados de  los delitos fiscales.

Para contestarle, la vicepresidenta se envolvió de nuevo en la raída gualdrapa del pasado: “Ustedes ocultaron el déficit público, en 1985 vendieron pagarés que se canjearon sin nombre por bonos del Estado en 1991, y todo ello sin retenciones y con rentabilidad”. En cambio, el Gobierno del PP ha incrementado un 10% los resultados de la persecución del fraude, con un balance de 11.500 millones de euros en 2012. ¿No es para estar satisfechos? Y, por si fuera poco, arremetió Sáenz de Santamaría contra su adversaria: “Para reprender no hay que tener falta, y tiene alguna sentada en su bancada”. Impresionados quedaron los socialistas, mirándose entre sí, buscando barceniegos. Entonces, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, les infligió otra sorpresa al afirmar que indultado al camicace de Valencia porque encontró un indulto similar en 2011 a otro camicace que, como el defendido por el despacho de abogados en el que trabaja su hijo, también sufría “epilepsia”. Impresionante.