La reforma eléctrica ha dado un nuevo paso en la línea de intentar una reducción de costes y con el objetivo de contener el alza de tarifas, que podría haber sido de más de dos dígitos en los próximos trimestres para hacer frente al agujero del sistema y que acumula un déficit cercano a los 30.000 millones de euros. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado en la rueda posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha aprobado medidas para la reordenación del sistema que incluyen una norma que revisa algunos de los costes regulados, que afectan a los peajes eléctricos y, por tanto, a la tarifa, así como un proyecto de ley de modificación de los presupuestos para que el departamento cuente con un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros.

Ese crédito deberá hace frente a los posibles déficit de tarifa que se producirían este año y evitar además subidas de los peajes, como ya había adelantado en otras intervenciones el titular de Industria. Por otro lado, el real decreto ley se centra en un recorte de los ingresos de las primas al régimen especial -renovables y cogeneración-, ya que los ingresos se revisarán con arreglo a la inflación subyacente (que no incluye productos energéticos ni alimentación) y a precios constantes. Esta medida podría suponer un ahorro de más de 300 millones al sistema. Las primas al régimen especial (que incluye renovables como cogeneración) llegaron hasta el 30 de noviembre a los 6.409 millones.

El real decreto implicará un recorte de los ingresos, además de a las renovables, para las compañías eléctricas tradicionales. Y es que el sistema, que se aplicará a las eólicas y solares, afecta también a la actualización anual de los costes de las actividades reguladas (transporte de electricidad, distribución y costes extrapeninsulares). Es decir, se vinculará a la inflación subyacente.

Industria ha optado por un conjunto de normas que estrecha el margen de las compañías de energías renovables. Hasta ahora las compañías podían elegir entre la tarifa fija regulada y un precio de mercado más una prima, y elegían a la que más rentable le resultaba en cada momento. En cambio a partir de este decreto habrán de elegir de forma definitiva entre una de las dos fórmulas de retribución. El ahorro podría oscilar entre los 250 y 500 millones de euros.

No obstante, Soria no ha establecido un objetivo del déficit de tarifa para 2013, aunque ha concluido que será «el mínimo posible». El crédito de los 2.200 millones de euros, destinado al régimen especial, debe pasar por el trámite del Consejo de Estado para ser aprobado.

Pocas horas después de conocerse el contenido del decreto, asociaciones de energías renovables han anunciado que recurrirán ante los tribunales en base a una eventual inseguridad jurídica para las inversiones realizadas. El sector eólico señala que considera inaceptables las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros.

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Además, el nuevo RDL supone una modificación del RDL/661 de 2006, que establecía dos opciones de retribución para las empresas del régimen especial: o cobrar una tarifa regulada o acudir al mercado cobrando además una prima para compensar el precio. A partir de ahora, las afectadas deberán elegir entre la tarifa regulada o el mercado (ya sin prima) y ya no podrán alternar una opción u otra, sino que se deberán mantener en la que elijan.

Respecto al crédito extraordinario, Soria ha señalado que no supone un recorte del presupuesto del ministerio, que es solo 700 millones mayor que aquel: 2.900 millones.