A Moody’s, una de las grandes agencias internacionales de calificación, no le gustan algunas de las propuestas formuladas por el Ministerio de Economía y Competitividad para la reforma de la Ley Hipotecaria. Y lo ha dejado muy claro en un informe que se ha hecho público en el peor de los momentos, con la prima de riesgo nuevamente en alza y a escasos días de las subastas de bonos y obligaciones a dos cinco y 16 años del jueves, en las que el Tesoro espera captar entre 3.500 millones de euros y 4.500 millones.

El argumento esencial de las críticas a la reforma puesta en marcha por Luis de Guindos es que los cambios «reducen la voluntad de pagar” de las personas hipotecadas. Por tanto, restan garantías a los inversores en productos de deuda bancaria respaldados por estos préstamos, las cédulas y las titulizaciones hipotecarias. Conclusión de Moody’s: la reforma perjudicará a las entidades financieras españolas más necesitadas de refinanciación en los mercados internacionales. «Los cambios en la legislación erosionan la confianza de los inversores”, ya que la menor protección de los inversores «menoscabará su confianza en la legislación española y supondrá el riesgo de limitar el crédito hacia España». Y, como quien no quiere la cosa, la agencia de calificación deja caer que la banca española tiene que  refinanciar más de 427.000 millones de euros en cédulas hipotecarias, y otros 151.000 millones en titulizaciones.

“Algunas de estas medidas serían negativas para los inversores en bonos garantizados y en titulizaciones al debilitar la naturaleza de la garantía personal ilimitada de las hipotecas españolas y reducir la sobrecolateralización de las cédulas«, opina José de Leon, ‘vicepresident senior’ de Moody’s. «Como resultado, todos estos cambios probablemente disminuirán los incentivos de los prestatarios para mantenerse al día con el pago de sus hipotecas«, insiste.

 

Críticas al tope de 30 años

Moody’s cree que la idea de imponer un tope máximo de 30 años a las hipotecas va a provocar una reducción del número de préstamos que pueden utilizarse como garantía de las cédulas o de los fondos de titulización. Aunque reconoce que este tipo de créditos hipotecarios apenas supone el 12,5% del total concedido por la banca española, señala que la aplicación de este tope implica que la sobregarantía ofrecida por los diez principales emisores de cédulas hipotecarias españoles bajaría desde el actual 91,3% al 67,5%. Lo que «podría obligar a algunos emisores a amortizar sus cédulas antes para restaurar los niveles mínimos de sobreprotección«.

Tampoco le gusta a Moody’s otra idea del equipo de De Guindos. La reforma faculta al juez a decidir la condonación de la deuda cuando la vivienda se compró «en buena fe» en dos situaciones: todo lo que exceda del 75% a partir del quinto año de vida de la hipoteca; del 80% si la hipoteca impagada tiene más de 10 años. Si el banco obtiene una plusvalía al vender la vivienda adjudicada, también se reduce la deuda. Lo llamativo es que Moody’s admite que, aunque «el concepto de quita de la deuda es negativo«, los criterios anunciados por el Ministerio de Economía «están en la misma línea de lo que los bancos suelen hacer en la práctica«.

 

Facilidades para la dación en pago

Una tercera crítica de Moody’s se centra en que se hayan ampliado los supuestos para acogerse al Código de Buenas Prácticas y pedir la dación en pago cuando el hipotecado no pueda cumplir con el préstamo. No gusta porque nuevamente se reducen las garantías hipotecarias que están detrás de cédulas y bonos de titulización.

El informe, firmado por José de Leon, insiste en que «en combinación con las medidas puestas en práctica en 2012, el recurso a la garantía personal ilimitada se erosiona aún más, lo que resulta negativo para el perfil de crédito«. «Todos estos cambios reducen los incentivos de los deudores para hacer frente a sus hipotecas«, enfatiza.

Más emisiones

A Economía seguramente le habrá gustado más el último informe de Fitch Ratings, otra de las grandes agencias internacionales, que pronostica más emisiones de empresas españolas a lo largo del año, al menos mientras se mantenga la estabilidad de los mercados. Las empresas “están buscando ahora diversificar sus fuentes de financiación para reducir el coste medio de la deuda y su exposición a los bancos nacionales, así como prolongar el perfil de vencimiento de su deuda«, señala la agencia.

El informe de Fitch recuerda que en enero las empresas de la Península Ibérica emitieron deuda por valor de 4.900 millones de euros, cifra «significativamente mayor» a la del mismo mes de 2012. Alrededor del 70% del total corresponde a las operaciones de tres empresas españolas: Telefónica (1.500 millones de euros), Iberdrola (1.000 millones) y Gas Natural Fenosa (900 millones). La agencia destaca que las tres tienen una calificación superior a la de España, han obtenido financiación a seis y diez años vista, y a un precio “significativamente” más bajo que el de la deuda soberana a plazos similares

Pero también avisa que alrededor de un 56% de las empresas de la Península Ibérica que califica tienen perspectiva “negativa”, debido principalmente a las presiones sobre la deuda soberana de los dos países, pero también al «significativo» aumento de la intervención política en aspectos regulatorios, que está afectando a la mayoría de las empresas de servicios públicos y a la visibilidad y la previsibilidad de sus beneficios.