La demanda del Departamento de Justicia exige una indemnización de 3.680 millones de euros porque, como ha explicado el Fiscal General, Eric Holder, las altas calificaciones dadas por la agencia Standard & Poor’s «confundió a muchos inversores que perdieron miles de millones».

Los cálculos de pérdidas ofrecidos por Holder alcanzan los 3.680 millones de euros (5.000 millones de dólares) y considera que las instituciones financieras respaldas por el Gobierno federal son las que más dinero se dejaron por el comportamiento «atroz» de la agencia calificadora, a la que situó en el «centro de la crisis financiera.

Con estos argumentos ha presentado la demanda civil contra S&P y su matriz McGraw-Hill, y la acusación de crear un esquema para defraudar a los inversores con productos financieros que estaban respaldados por hipotecas (RMBS) y obligaciones de deuda coleteralizada (CDOs) calificadas entre marzo y octubre de 2007, que solo fueron calificados por dicha agencia y «todos quebraron». Los ratings de ambos productos fueron infladas de forma «consciente», falseando su solvencia y subestimando sus riesgos, lo que provocó las pérdidas millonarias de los inversores.

El Fiscal General ha agregado que lejos de ser sus calificaciones independientes -como aseguraba la agencia- estaban afectadas por «significativos conflictos de intereses», dado que quería incrementar sus beneficios y su cuota de mercado, favoreciendo a emisores en detrimento de los inversores.

La demanda presentada, además, se justifica por la Ley de Cumplimiento, Ejecución y Reforma de Instituciones Financieras de 1989, la cual permite al Gobierno estadounidense presentar demandas civiles por las pérdidas sufridas por las instituciones financieras aseguradas por el Ejecutivo.

El Fiscal General estadounidense ha explicado que la investigación comenzó en 2009 y por los datos e informaciones recogidas se ha constatado que, en contra de sus propios analistas, la agencia falseó datos a sus inversores y manipuló criteros y modelos en sus valoraciones.

S&P niega irregularidades

La calificadora negó en un comunicado cualquier irregularidad en la asignación de ratings a ninguna emisión de deuda, aludiendo además que las mismas emisiones habían sido revisadas también por otras agencias e incluso por organismos gubernamentales, sin que a nadie le hubiera levantado la más mínima sospecha.

En su comunicado, S&P lamentó profundamente que los ratings asignados a las emisiones con las que se titulizarizaron las hipotecas subprime, los CDO, fallaran, anticipando el rápido deterioro que sufrió posteriormente el mercado hipotecario estadounidense.

A pesar de las explicaciones de la agencia, las acciones de su matriz, Mac Graw Hill, sufrieron la peor caída desde el crash de 1987, con un descenso del 13,78%.

A pesar de que Moody’s no estaría bajo el punto de mira de la justicia estadounidense, sus acciones también se desplomaron un 10,66% en previsión de que termine también demandada por las mismas causas.

Como se recordará, las agencias de rating no se limitaron a evaluar y calificar el riesgo de las emisiones hipotecarias, sino que paquetizaron ellas mismas las hipotecas subprime para convertirlas en un instrumento financiero complejo denominado CDO en el que se contenían hipotecas de muy distinto perfil de riesgo pero que invariablemente obtenían la máxima calificación de solvencia.