El escenario más preocupante para el futuro de Iberia, aunque fuese previsible, se ha producido. Los sindicatos mayoritarios de la aerolínea, que representan al 93% de la plantilla (CC.OO., UGT, Asetma, USO, Sitcpla y CTA) irán a la huelga durante 15 días, a partir del próximo 18 de febrero, tras concluir sin acuerdo la reunión de este miércoles entre ambas partes en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

Los paros de 24 horas, que afectan en principio al personal de tierra y a los tripulantes de cabina, se desarrollarán del 18 (lunes) al 22 de febrero (viernes); así como del 4 de marzo (lunes) al 8 de marzo (viernes) y del 18 de marzo (lunes, festivo en algunas comunidades autónomas) al 22 de ese mes. Los sindicatos, que no descartan nuevas convocatorias, pero en principio no en Semana Santa, prevén que la empresa presente el expediente en los primeros días de la próxima semana

Cuando las pérdidas de la aerolínea suman más de 300 millones de euros en el ejercicio de 2012 y los directivos de IAG- grupo del que forma parte junto a British Airways-  han elegido no desviarse de sus objetivos iniciales, los sindicatos de Iberia convocan, por primera vez en su historia, cinco días consecutivos de huelga, y no sólo para una única semana. Una situación puede provocar el caos en gran parte de los aeropuertos españoles, especialmente en la T-4 de Madrid.

La compañía, tras ratificarse que es imposible una salida pactada, presentará el plan de transformación original: 4.500 despidos y la reducción de la capacidad de Iberia en un 15%- entre otros aspectos relevantes-. La conflictividad y el pulso entre la dirección y los sindicatos va a marcar, por tanto, el futuro inmediato de la empresa. Y ¿cuáles serán las consecuencias a medio y largo plazo? Varios escenarios son previsibles, pero los que conocen la trayectoria del consejero delegado de IAG, Willie Walsh, no dudan en señalar que impondrá sus objetivos y que sus compromisos con los inversores de IAG – la mayor parte fondos y oros inversores institucionales- pasan por atajar las pérdidas de Iberia en tres años, siguiendo el calendario previsto.

En esta crisis existe otro actor protagonista, en parte por el cuidado que casi todos los Gobiernos conceden al sector aéreo y a las que se denominaban «compañías de bandera» y, en parte también, porque dos ministros del Gobierno: Ana Pastor, titular de Fomento y José Manuel Soria, de Industria, se han mostrado activos a  lo largo del conflicto, con un protagonismo no visto en el caso de otras empresas privadas. Ambos han manifestado que la reordenación de Iberia no podría basarse en la reducción de plantilla -es decir, el plan que ahora se pone en marcha- y que, además, Iberia «es una cuestión de Estado».

En este contexto ha transcendido que Fomento ha influido en el votos de algunos consejeros españoles en IAG para oponerse al plan del grupo. Un tema que para una parte de este conflicto da cierta esperanza en que el Ejecutivo no puede desdecirse de lo que ha defendido hasta ahora, pero sabiendo que sus armas son muy escasas. La vuelta atrás de la fusión es prácticamente imposible y la UE no permitiría una actuación directa -con fondos- en Iberia. Pero ¿qué peso pueden tener ahora nuevos laudos? La compañía está atenta a los posibles impactos.

Los sindicatos volvieron a rechazar este miércoles los interlocutores que acudieron ak SIMA: el director de recursos humanos, José Luis Romero; la directora de relaciones laborales, Margarita Sequeiro, y la responsable de la asesoría jurídica, Ramona Fernández Kelly.