La reacción de las asociaciones que representan a las empresas de energías renovables no podría haber sido más virulenta. Ante la aprobación el pasado viernes de un decreto-ley que establece un nuevo marco para la retribución de estas instalaciones, la conclusión compartida por los directivos de estas organizaciones es que el Ministerio de Industria está influido por Unesa -la patronal de las eléctricas convencionales (Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Cantábrico, Eon y Viesgo) y que, como consecuencia, el Ejecutivo legisla a favor de ese sector y, además, en detrimento de las compañías de energías verdes.

El presidente de la Asociación  de Productores de Energías Renovables (APPA), José Miguel Villarig, en un acto celebrado este jueves ha señalado que el decreto, que obliga a estas centrales a acogerse a la tarifa regulada y que les impide ir al mercado mayorista, contraviene la seguridad jurídica que debe proteger las inversiones. «Es un desastre y nos sentimos estafados», subrayó. El ministro de Industria, José Manuel Soria, «difama al sector» y aporta datos para apoyar sus tesis «que no son ciertos». Y ha añadido que  «es una vergüenza que se hagan las cosas así – sin contacto con los sectores afectados- y que sólo se interese por Unesa».

Otro de los frentes comunes de estas asociaciones – eólicas, termosolar, fotovoltaíca, biomasa..- apunta a que el déficit de tarifa no se debe a las primas a las energías renovables, sino, entre otros aspectos, «a la elevada remuneración de las grandes centrales hidráulicas y nucleares, tema en el que, subrayan, coinciden con el diagnóstico de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)».

Y ¿qué estrategia van a seguir para defender sus intereses? Estas compañías esperan que el decreto vaya al Parlamento para tramitarse como ley para intentar influir y cambiar su contenido, así quieren apoyarse en las reclamaciones que viene haciendo ante los organismos competentes en Bruselas. Y también en los tribunales, pero sin demasiada esperanza. Quizá una vía es a seguir la abierta por fondos y otros inversores institucionales internacionales que reclaman al Gobierno español por el cambio de normas especialmente en el área de la energía solar.