La mayor iniciativa legislativa popular registrada hasta ahora en la democracia española, con más de 1,4 millones de firmas captadas en favor de la dación en pago retroactiva y de la paralización de los desahucios, encallará en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular, que hará valer su mayoría absoluta para bloquear la propuesta, que se votará a las 21,00 horas. Sus promotores se reúnen a las 12,00 horas con el presidente del Congreso, Jesús Posada (PP); a las 12,45 horas con diputados del PP y a las 13,30 horas con los de CiU.

Antes, a las 11,00 horas, han convocado a los medios de comunicación para presentar la iniciativa legislativa popular: «1.402.854 firmas evidencian un clamor ciudadano para cambiar la legislación hipotecaria y poner fin al drama de miles de familias que se ven abocadas a la calle, sin vivienda y con una deuda de por vida«.

«Supondría un grave insulto a la democracia que el Congreso ni tan solo tome en consideración una demanda ciudadana con un apoyo tan amplio, muy superior al número de votos que tienen algunos partidos con representación en el Parlamento. Nos preguntamos para qué sirven entonces las iniciativas legislativas populares y el requisito de recoger un mínimo de 500.000 firmas si el Congreso puede rechazar sin considerar un texto que triplica esa firma«, añaden.

Los promotores reprochan que otra iniciativa legislativa popular, que también será debatida mañana en el Congreso, para declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural (BIC), sí vaya a salir adelante «con menos de la mitad de firmas«. «Mañana se verá cuáles son las prioridades de los partidos políticos de este país«, añaden.

La Plataforma AntiDesahucios ya avisó de que perseguirá «noche y día» y se «señalará por la calle» a los diputados que voten en contra de la iniciativa, como cómplices del «genocidio financiero«.

 

La FEF propone una segunda oportunidad

El primer Documento de Trabajo de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), que preside Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, se centra precisamente en el mercado hipotecario. El punto de partida es que éste es “adecuado”, que ha cumplido con la fuerte demanda de adquisición de vivienda de la sociedad española en los últimos años, y que es parecido a los existentes en otros países occidentales.

“Ahora bien, la crisis económica profunda en la que nos encontramos se ha traducido en una situación preocupante por la creciente pérdida de hogares de muchas familias que se encuentran en serias dificultades para cumplir con sus obligaciones de devolución de la deuda asumida por la compra dela vivienda. En esta situación, los poderes públicos deben actuar para mitigar estas situaciones extremas y así lo están haciendo. Sin embargo, el sistema adolece de falta de información suficiente para analizar el verdadero alcance del problema y poder actuar en consecuencia. Esta falta de información podría incidir en una reforma legal precipitada que podría tener importantes y negativas consecuencias”, señala el documento de la FEF.

Las reformas legislativas “nunca se deberían aplicar con carácter retroactivo”, opinan los expertos convocados por la FEF, “salvo aquellas que supongan una clara mejora técnica”, y siempre que no se reduzcan las garantías existentes en el mercado hipotecario español.

El documento de la Fundación de Estudios Financieros cree que la dación en pago tendría “consecuencias negativas sobre el mercado hipotecario e incluso sobre el sistema financiero español en su conjunto”. Recuerdas que esa figura” no existe en los principales países de nuestro entorno y que, en los que existe, no está exenta de dificultades por sus efectos dañinos sobre la cultura de pago y la aparición de agentes que, aun siendo solventes, se deshacen de la deuda endosando a la entidad financiera la bajada del precio de la vivienda”.

La FEF considera que deberían desarrollarse en España “las normas de segunda oportunidad”, de forma similar a las que existen en otros países. “Se trata de una ley de insolvencia especialmente adaptada a las personas físicas, que permita darles una solución a su insolvencia de forma rápida, barata y razonable”, explica el documento de trabajo.

“El problema social que está ocasionando la grave crisis económica en el desalojo de las viviendas de los propietarios que no pueden hacer frente a sus compromisos hipotecarios y que continúan manteniendo deudas frente a sus acreedores después de la ejecución, debe resolverse con adecuadas medidas sociales. El sector financiero también debe compartir estos costes en la medida de sus posibilidades y hacerlo en proporción a la responsabilidad individual a su contribución al problema creado”, señala la Fundación de Estudios Financieros.

“Conviene resolver cuanto antes el problema de la falta de educación financiera de los ciudadanos con un programa de formación dentro de la enseñanza básica”, concluye.