Los representantes de los empresarios de la energía eólica se han unido a otras compañías del sector para describir un escenario casi catastrófico para estas industrias, que se agrava tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un decreto ley que modifica sustancialmente el marco de actuación de estas compañías. Como otras organizaciones están dispuestos a acudir a la justicia para intentar que el decreto se modifique.

Rocío Sicre, presidenta de la Asociación Empresarial Eólica, ha señalado este miércoles que las empresas se enfrentan a una situación muy difícil ya que las medidas legales aprobadas por el Gobierno, si no se rectifican, suponen su salida del mercado, con una reducción de ingresos de unos 600 millones de euros en 2013 y una pérdida valor de 6.000 millones. «Una reducción que no es fácil de recuperar», subraya.

Sicre citó, entre otras posibles implicaciones, las dificultades a partir de ahora para atraer capital a los proyectos eólicos, los problemas financieros que van a atravesar, aunque ya está ocurriendo, especialmente las instalaciones con menos de tres años de vida y, más adelante, un efecto al alza en el precio del mercado de generación.

Denunció además que todo se ha decidido sin consultar a las partes implicadas. Y hay más: incluso en diciembre, la última vez que se reunieron con el secretario de Estado de Energía, que entonces era Fernando Martí, les aseguraron que la industria eólica no iba a verse gravada con medidas adicionales a las ya aprobadas, como el impuesto del 7% a la generación.

Existen otras posibles consecuencias, además de la incertidumbre regulatoria que puede afectar a cualquier tipo de inversión internacional y nacional en España, y es el empobrecimiento del tejido industrial, el arrinconamiento de una tecnología en la que este país es puntero, así como la pérdida de empleo. El sector ya se ha dejado unos 15.000 empleos en tres años por el efecto de la crisis, ahora la plantilla global que asciende a 27.000 personas -antes eran 41.000- puede perder otros 15.000 puestos de trabajo.

La AEE estudia medidas legales, pero parece que las iniciativas que podrían contar con más relevancia provendrían de algunas comunidades autónomas, como la de Cataluña y de Andalucía, que estudian la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto en el Tribunal Constitucional.