La Iniciativa Legislativa Popular para cambiar la dolorosamente abusiva ley hipotecaria la han salvado los toros. A pesar del esfuerzo colosal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a pesar de sus movilizaciones, de sus actos pacíficos y muy llamativos, a pesar de la brillantísima defensa de esta ILP hace pocos días de su representante Ada Colau, tan emocional como brillante, a pesar de la resonancia pública de su comparecencia, a pesar de que muchos seguimos preguntándonos dónde están los políticos de la talla intelectual, reflexiva y humana que demostró Ada Colau o en qué partido político podemos encontrar un movimiento asociativo con la osamenta ética de la PAH, a pesar de sus pocos medios y de la dificultad suprema de su causa y a pesar, también, sobre todo y finalmente, de su razón ética, de la estricta justicia que supone exigir de la cámara en la que reside el poder legislativo un cambio en una ley hipotecaria asesina, porque está matando a gente, porque nos está acribillando como sociedad, para lograr medidas como la dación en pago con efectos retroactivos, la paralización de los desahucios de primeras viviendas y su alquiler social, el PP anunció que utilizaría su mayoría absoluta para impedir su entrada a trámite parlamentario.

Porque pueden hacerlo. Porque a pesar de que la ley exige únicamente 500.000 firmas y la PAH había acumulado casi el triple –1.400.000-, el PP podía descartarla porque la ley que regula la posibilidad de que los ciudadanos unamos nuestra voz en un mismo grito legislativo está concebida de tal forma que resulta prácticamente imposible. Ya la exigencia de 500.000 firmas es desproporcionada: en Italia, por poner un ejemplo, sólo son 50.000; pero el mero hecho de lograr esa cantidad tan elocuente de firmas, nada menos que casi un millón y medio sobre la totalidad de la población, merecería que fuera admitida a trámite directamente, sin necesidad de una aprobación previa.

Según la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, toda iniciativa puede ser rechazada –como de hecho lo son la mayoría-  por entenderse que en el Congreso ya hay un proyecto sobre el mismo asunto, con lo que los partidos representados en la Cámara se aseguran el control sobre el objeto y la nula influencia ciudadana directa. Así, si una Iniciativa Popular puede incluso prosperar y, si se quiere desvirtuar su contenido, se presenta un proyecto de ley adelantado con la misma propuesta, pero controlado en todo momento desde dentro.

Total, que se piden 500.000 firmas y ni siquiera triplicadas sirven para nada.

Y eso iba a ocurrir, de no haber coincidido la votación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre los desahucios y otra con bastantes menos firmas -500.000 frente a las 1.400.000 de la PAH- para reclamar que los toros se conviertan en un Bien de Interés Cultural. Y como el Partido Popular iba a utilizar el rodillo de la mayoría absoluta para admitir la segunda y rechazar la primera –a pesar de la lacerante diferencia de firmas y del abismo moral entre ambas causas- parece que la coincidencia ha beneficiado, indirecta y finalmente, a la decencia. Era un escenario aún más demente el que acogía una misma realidad admitiendo la ILP sobre los toros y desoyendo a tantos miles de afectados por los desahucios. Pero éste es un Gobierno que no escucha.