La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno dejará al 82 por ciento de los concejales del país sin sueldo, así como a los alcaldes de municipios menores de mil habitantes. Los ingresos del regidor de las ciudades mayores no podrán superar a los de un secretario de Estado, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de mil a dos mil vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20 por ciento de esa cantidad.

Así se fija en el informe sobre esta reforma revisado hoy por el Consejo de Ministros. El texto fija la lista de competencias propias de los municipios y la desaparición de las llamadas impropias, aquellas de titularidad autonómica que los ayuntamientos venían ejerciendo. A partir de ahora, esto sólo podrá ocurrir cuando esa competencia vaya acompañada de financiación suficiente y si la autonomía no la paga en tiempo, Hacienda le descontará el dinero de su participación en los ingresos del Estado.

La norma contendrá también importantes novedades para la vida municipal, como una limitación en el salario de sus funcionarios, fijada cada año en los Presupuestos del Estado, o el regreso de interventores y secretarios al cuerpo de funcionarios estatales, lo que concederá independencia a la gestión financiera municipal.

Además, todas las entidades locales y sus empresas y organismos deberán cumplir unos estándares de calidad y de eficiencia, y rendir cuentas en tiempo y forma. Las que no cumplan estos parámetros, o desaparecerán (mancomunidades y sociedades municipales) o deberán ceder sus competencias a las diputaciones (para los municipios de menos de 20.000 habitantes).

Ahorro de 7.129 millones

El Gobierno calcula que la reforma de la administración local que está preparando puede suponer un ahorro de 7.129 millones de euros, 5.500 de los cuales serán fruto de la clarificación de competencias y de la eliminación de duplicidades, es decir, de evitar que dos administraciones presenten un servicio.

Además de las citadas cifras, se calcula un ahorro de 73 millones por la desaparición de mancomunidades y entidades locales menores, aquellas que no cumplan unos mínimos de eficiencia y calidad.

Otros 145 millones de ahorro procederán de la reducción de personal eventual y de cargos locales y otros 1.397 millones, por la limitación del sector público local.