El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene perfilado un coste estándar para cada servicio que prestan los ayuntamientos, un método de cálculo basado en la población, pero que atiende también a otras variables como dispersión o envejecimiento.

La reforma local impedirá que se presten servicios por encima de ese coste y será este baremo la causa principal de que un ayuntamiento pierda competencias.

Fuentes de Hacienda han explicado que se ha trabajado en la elaboración de un coste estándar para cada servicio (elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales), sobre el que se permitirán algunas variaciones atendiendo a esos otros factores que pueden influir en el precio, como la baja densidad de población.

En cualquier caso, la población será la variable principal. Según los datos de Hacienda, un servicio que en un pueblo de menos de 5.000 habitantes cuesta 1.220 euros, se reduce a 445 euros en un ciudad de más de 100.000.

Este coste estándar va a ser negociado a partir de ahora con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), aunque las mismas fuentes han asegurado que no será fácil cambiar la metodología empleada, la que ha dado ese resultado económico y que es similar a la que se empleó en su día para calcular el coste de las competencias que se fueron trasfiriendo a las autonomías, han explicado.

Costes comparados

Los costes de todos los municipios del país serán comparados con esas tablas y será entonces cuando se obligue a dejar de prestar un servicio o a traspasarlo a otra administración superior; en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a las diputaciones provinciales.

Los funcionarios del ayuntamiento que pierda la competencia pasarán en comisión de servicios a depender de la diputación. El municipio, mientras tanto, tendrá un plazo de cinco años para mejorar su situación y recuperar las funciones perdidas.

Las mismas fuentes han insistido en la importancia de cumplir en cualquier caso ese coste estándar: Si la Comunidad quiere recuperar una competencia o delegarla, si el ayuntamiento se la quiere quedar o si la diputación finalmente la asume.

Este proceso de reordenación, que podrá durar hasta cinco años, conllevará además una futura reforma de la ley de haciendas locales y de la financiación autonómica.

Bienvenida la iniciativa privada

Las fuentes del Ministerio han asegurado que en este proceso se abre la puerta a la iniciativa privada, porque podría prestar un servicio dentro de ese coste estándar y al ciudadano no le debe preocupar quién lo gestiona, sino la eficiencia. Han añadido que esto puede ser una ventaja y no una crítica, como aduce sin embargo el PSOE.

La reforma local clarificará por tanto los costes de todos los servicios, que serán más bajos en muchos casos que los actuales; serán públicos y se fijarán anualmente en los Presupuestos Generales del Estado. Este es uno de los principales factores que explican los 7.100 millones de ahorro que el Gobierno calcula con esta reforma.

Esa clarificación de competencias, así como que ya ningún asunto esté en manos de más de una administración, ahorrará según Hacienda unos 5.500 millones de euros. El resto procederá de la desaparición de entidades menores, mancomunidades y empresas públicas que no rindan cuentas o sean deficitarias y de reducir el número de concejales con sueldo.

Como ya se informó el viernes, la reforma no suprimirá concejales, pero sí limitará por ley el número de los que pueden tener sueldo fijo, que se desconoce. En todo el país, serán 12.188. También se fijará cuántos asesores pueden estar contratados en cada ayuntamiento, cifra que tampoco se sabe a ciencia cierta en Hacienda.

Para tener la fotografía exacta, el departamento de Cristóbal Montoro ha pedido la información a los ayuntamientos, que deberán remitirla en un mes.

En cuanto a los sueldos, quedará claro que los máximos que se establecerán (hasta 100.000 euros para los alcaldes de las ciudades mayores) deberán incluir todos los conceptos retributivos.

Un proceso largo

Hacienda espera tener listo ese coste estándar para finales de año, que es cuando podría estar aprobada y entrar en vigor la reforma legal. El informe aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros ha sido enviado ya a las comunidades autónomas y a la FEMP; en unos quince días, se convocará una Comisión Nacional de Administración Local y se remitirá además la reforma al Consejo de Estado.

Si el texto se aprueba a finales de este ejercicio, sus primeros efectos se verán ya el año que viene; por ejemplo, la supresión de concejales con sueldo fijo y la limitación de asesores.

La reforma servirá igualmente para acercar los salarios de los empleados municipales, puesto que se impondrán también unos límites iguales para todo el país, y también los de los interventores y secretarios municipales, que volverán a depender del Estado y con un sueldo que no variará según sea su trabajo municipal. Las mismas fuentes han subrayado la importancia de asegurar esta independencia a quien tiene que fiscalizar las cuentas municipales.