El Gobierno de Mariano Rajoy ha deplorado este lunes la decisión del Ejecutivo boliviano de nacionalizar una filial de Aena y Abertis y ha advertido de que como consecuencia de ello, y dado que la expropiación se ha hecho sin previo aviso ni pago, va a proceder a replantearse «el conjunto de las relaciones bilaterales» con Bolivia.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ejecutivo «deplora profundamente la decisión tomada por las autoridades bolivianas de nacionalizar» Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa), filial de las españolas Abertis y Aena, y que se haya procedido a «la ocupación policial de sus sedes y demás medidas que han acompañado la nacionalización».

«España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado», ha subrayado el Gobierno.

Asimismo, ha lamentado que «las expropiaciones sin previo aviso y con ocupación por la fuerza pública de las instalaciones expropiadas no se correspondían con el buen clima que se supone preside las relaciones entre Bolivia y España».

Así las cosas, «el Gobierno español considera esta expropiación como un acto inamistoso que se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia y que contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos», prosigue el comunicado.

Frente a «esta reiteración de decisiones que cuestionan la voluntad» del Gobierno boliviano «de mantener con España las relaciones de amistad, cordialidad y cooperación que España siempre ha favorecido en todas los ámbitos, el Gobierno español, muy a su pesar, procederá a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales», ha concluido el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, había advertido desde Bruselas de que el Gobierno iba a estudiar «todas las medidas» necesarias, tanto a nivel bilateral como apelando a la «solidaridad» de sus socios de la Unión Europea, en respuesta a la expropiación de Sabsa.

García-Margallo había apuntado que «no es la primera vez que ocurre» un incidente de este tipo con el Gobierno boliviano y ha lamentado que esta actuación «contraste vivamente» con la cooperación de España en otros asuntos.

«Es obvio que un movimiento de este tipo, una expropiación saltándose los procedimientos habituales y no respetando el principio de la indemnización requerida en caso de expropiación, tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales», había advertido.