La reforma laboral entró en vigor el 7 de julio pasado, con la publicación en el BOE de la Ley 3/2012, de 6 de julio. Sin embargo, la realidad es que opera en nuestro mercado laboral desde su aprobación por el Real Decreto 3/2012, de 10 febrero del año pasado.

Esta reforma ha sido la más amplia y ambiciosa emprendida por un gobierno en décadas, abaratando los costes del despido, buscando introducir mayores dosis de flexibilidad en los convenios y en la negociación colectiva, y reduciendo trámites administrativos. Todo ello, según el Gobierno, con un único objetivo: sentar las bases para la creación de un mercado laboral más sano y robusto.

Merece la pena realizar un breve análisis comparativo de nuestra situación con respecto a Alemania en estos años. En el peor año de la crisis, el 2009, la economía española cayó un 3,7% y la alemana un 5,1%. Aquel año, mientras España destruyó 1,2 millones de empleos, Alemania creó 20.000 puestos. Detrás de esta comparación están las medidas de flexibilidad interna en las empresas. Veamos la evolución en cada una de las materias:

.- Trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Según los datos del Ministerio de Empleo, hasta noviembre de 2012 se han visto afectados 406.810 trabajadores, un 145% más que en 2011. Comparado con el mismo periodo de 2009 –año con recesión económica y sin reforma laboral-, la caída es del 20%. De lo que se deduce que la regulación de los ERE está siendo efectiva, aunque el número de trabajadores sea mayor, 46% sobre el mismo periodo del año anterior, motivado por la peor situación económica en este año respecto de los años anteriores.

Del total de trabajadores afectados, tan sólo el 17% los son con medidas extintivas, el 63% esta afectado por medidas de suspensión, y el 20%,  por medidas de reducción de jornada. En 2012, con medidas de suspensión y reducción se ha podido evitar la pérdida de 338.584 puestos de trabajo.  Por lo que se está consiguiendo uno de los objetivos de la reforma que era aumentar las medidas tanto de suspensión como de reducción de jornada.

En cuanto a las causas alegadas el 72% fueron por causas económicas, incrementándose un 108% sobre el año anterior. Del total de los expedientes comunicados hasta diciembre, 27.239 fueron pactados (90,9% del total) afectando a 106.575 trabajadores, un 70% más, mientras que los no pactados se incrementaron un 83%, afectando a 69.510 trabajadores.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los que pierden su trabajo no son víctimas de una regulación de empleo, son despedidos uno a uno. Hasta septiembre 2.012, sólo el 12% de ellos fue por un ERE. Los despidos colectivos siempre han tenido poco peso. Y eso que, en teoría, son más baratos. La causa es una cultura de gestión muy arraigada: preferir el despido individual a la flexibilidad pactada. Este era otro de los objetivos que parece que no se está cumpliendo a la vista de la cifras, si bien hasta septiembre 2011 la cifra era del 10% y ahora del 12%.

Según los últimos datos del Primer Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral, el 40% de las empresas prefiere usar herramientas de flexibilidad interna antes que despedir, siendo las más utilizadas la movilidad funcional y la modificación sustancial de condiciones de trabajo. El 35% de las empresas que han realizado despidos, combinan los ajustes cuantitativos (suspensiones, reducciones de jornada) con medidas más cualitativas (movilidad, modificación de condiciones y descuelgues). Se están produciendo acuerdos entre empresas y trabajadores para adaptar las condiciones de trabajo, se habla de unos 400 acuerdos, la mayor parte de ellos en unos plazos razonables de negociación que antes se eternizaban.

Otro elemento importante es saber la banda en la que actualmente se están moviendo las indemnizaciones. Recordemos que antes de la reforma estaba entre los 45 y 55 días por año de servicio, frente a los 20 días y  33 días por año actuales. Según una encuesta elaborada por la Fundación Sagardoy, el 94% de los empresarios despiden a sus trabajadores con un coste de entre 21 y 45 días por año de servicio. En Andalucía se han producido un total de 248 acuerdos de descuelgue de convenio, teniendo como objeto la mayoría, la reducción de salarios y la modificación de la jornada laboral y demás condiciones de trabajo.

Según los datos proporcionados por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, desde la entrada en vigor de la reforma laboral se han presentado a la autoridad laboral 1.021 acuerdos de descuelgue de convenios colectivos, afectando a más de 40.000 trabajadores. Son acuerdos pactados entre empresa y trabajadores con la finalidad de evitar despidos y apostar por el mantenimiento de empleo.

.- La negociación colectiva y su figura estrella, los convenios de empresas. En  este ámbito, otra de las claves de la reforma laboral era la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, en detrimento de los del sector. Los convenios de empresa aumentan de 457 a 517 (un 13% más), afectando a un total 1.679.069 trabajadores (un 45% más que en diciembre 2011). En este sentido, se observa una caída de los convenios provinciales, reduciendo a la mitad el numero de trabajadores afectados de 2011 a 2012, si bien hay que considerar la ralentización que en materia de negociación colectiva se esta produciendo en los convenios de sector, motivado, fundamentalmente, por la intransigencia de la representación sindical al aplicar la reforma laboral. En el último año se han registrado 2.611 convenios colectivos, lo que supone una caída del 53% desde el máximo del periodo 2008-2009.

.- La reforma laboral satura los tribunales. La supresión de la autorización administrativa previa en los ERE ha convertido a los jueces en el último filtro de estos. Los jueces, en este caso, se han posicionado claramente en defensa de los trabajadores. El desconocimiento sobre la normativa llega hasta el punto de que algunos juzgados han visto cómo el número de conflictos que llegan a la sala de lo social se han disparado en más de un 50%. De los ERE recurridos desde que entró en vigor la nueva normativa. el 75% ha sido anulado por un tribunal. Una gran mayoría de sentencias están declarando nulos los ERE por simple defectos de forma, por entender el juez que la regulación de empleo no está suficientemente justificada, o bien no estar bien tramitados (por no cumplir los plazos o las notificaciones a la representación legal de los trabajadores). Para evitar la judicialización de los procesos, las empresas siguen pagando indemnizaciones más altas como hemos visto anteriormente. No obstante lo anterior, es importante señalar también que algunos fallos judiciales importantes están avalando la reforma. Así, la reciente sentencia de 10 de septiembre de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, declara de un modo rotundo la primacía de lo que disponga el convenio colectivo de empresa frente a lo que pueda disponer el convenio de sector. Y se deja claro en la sentencia que el mandato se refiere no sólo a los nuevos convenios sino también a los preexistentes en 2012.

Sólo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se han producido 115 descuelgues de Convenios Colectivos de Sector con acuerdo. Según datos del Observatorio en relación a los descuelgues, la mayoría se han empleado para afectar al salario (70% de las empresas) y la jornada y horario de trabajo (42%), mientras que la afectación simultánea de varias condiciones presenta menor frecuencia (23% de las empresas).

La evolución de los salarios pactados, por su parte, mantiene las tendencias anteriores a la reforma: cae el incremento medio en los convenios de sector y se mantiene estable en los empresariales, siendo ambos inferiores al IPC. Concretamente, para los nuevos convenios negociados en 2012 un 0,57%, y para los revisados un 1,5%.

.- La potenciación de la contratación indefinida. Aunque era el primer objetivo de la reforma, es una asignatura pendiente que no cambiará hasta que no lo haga la economía y se solventen los problemas financieros y de crédito de las pymes. Y los últimos datos de desempleo proporcionados por el Ministerio,  a  enero de 2013, son alarmantes: 4.980.800 parados. Durante el último año de vida de la reforma laboral la economía ha perdido otros 850.000 empleos.

El número de contratos indefinidos tan sólo representan el 10% del total de contratos registrados de enero a diciembre de 2012; en concreto, 100.600, frente a 1.001.200 de contratos temporales. Se perciben algunas orientaciones positivas, por ejemplo, el número de contratos indefinidos a tiempo parcial registra un incremento del 3% respecto al año anterior. El 20% de las empresas encuestadas por el Observatorio afirma que la nueva regulación en materia de contratación a tiempo parcial ha incrementado el número de contratos formalizados. Cabe destacar que hasta la fecha se han celebrado más de 79.314 contratos denominados de emprendedores, lo que representa un signo favorable dentro de este negro panorama, supone un 8% del total de contratos indefinidos. El problema de la temporalidad, verdadero lastre de la contratación, parece que va remitiendo hasta situarse en un 23% en toda España.

.- La reforma laboral supone un espaldarazo definitivo al ‘outplacement’. Aunque no ha tenido el mismo impacto mediático que los despidos, la reforma laboral establece que todos los ERE que afecten a más de 50 empleados deberán contratar obligatoriamente un servicio de outplacement con una empresa especializada, lo que supone un empuje de definitivo para el sector, cuyas empresas son expertas en la gestión de los procesos de recolocación de profesionales. Los sectores financiero, farmacéutico, tecnológico y de consumo son los que, a día de hoy, han optado mayoritariamente por ofrecer servicios de recolocación. El tiempo medio de recolocación de una persona sin ayuda de una empresa de recolocación es de 14 meses, tiempo que se reduce entre un 50% y el 80% si lo hace de la mano de una empresa especializada. Recordemos que la reforma laboral establece un periodo de acompañamiento de seis meses.

José Antonio Gallardo Navarro es gerente de Gallardo & Partners, consultora de Recursos Humanos especializada en selección, ‘head hunting’, relaciones laborales, retribución y responsabilidad social corporativa. Es socio director para Andalucía de OMD HR Consulting. Ha sido director de Recursos Humanos de Coca Cola, Cruzcampo, Heineken España y Transformados Huevar SA. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla,  donde cursó un  máster en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, es experto en Relaciones Laborales por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo,  y en Negociación Colectiva, Mediación y Conciliación, por la Universidad de Huelva. Profesor de Recursos Humanos  en la Escuela de Organización Industrial, colabora con las  Universidades de Sevilla y Huelva, el Centro de Estudios Garrigues, la Universidad Internacional de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucia. Es mediador en el Servicio Extrajudicial de Conflictos Colectivos de Andalucia (SERCLA), miembro de AEDIPE y de la Red Andaluza de Consultores Independientes (RACI).