Los anteriores acuerdos de Reyal Urbis con la banca acreedora -ha soportado ya tres refinanciaciones que se saldaron con el traspaso de los activos más rentables- ha dejado en una situación muy difícil a la inmobiliaria. No obstante, posee edificios emblemáticos, como el centro de ABC Serrano, pero dadas sus peculiaridades y su relativa rentabilidad no parece ser un bien deseado por la banca. Cuenta, asimismo, con la sede de Unedisa, en Madrid, que sí podría ser objeto de dación. No obstante, los acreedores sopesan con qué activos pueden quedarse tras acogerse el grupo de Rafael Santamaría al concurso de acreedores, como algunos de sus hoteles.

Reyal Urbis se ha acogido al concurso de acreedores de forma voluntaria con una deuda de 3.613 millones de euros, en el que será segundo mayor fallido de la historia empresarial española, sin apurar las escasas jornadas que le quedaban hasta el 23 de febrero, tope fijado por ley para alcanzar un acuerdo o acudir a la vía concursal. La compañía ha anunciado esta decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el martes, 19 de febrero, unas horas después de que fracasase su último encuentro con las entidades financieras.

Parecía claro que el acuerdo de refinanciación de la deuda no era posible por la situación actual de la compañía y porque los bancos no estaban dispuestos ni a la solución tipo Metrovacesa -cambiar deuda por capital- ni a apoyar a una empresa en la que no perciben futuro, ya que ha estado el borde de la quiebra técnica. No obstante, el grupo que dirige y controla Rafael Santamaría ha optado por la suspensión voluntaria para poder, en alguna medida, llevar las riendas de la compañía al tiempo de congelar los pagos a los acreedores.

La crisis de última víctima de la crisis inmobiliaria se viene arrastrando desde hace más de tres años. En octubre de 2012 se vio obligada a presentar preconcurso de acreedores, después de haber dos acuerdos en años anteriores para refinanciar deuda.  Estos pactos con la banca dejaron de alguna forma «hipotecados» algunos de sus activos más interesantes como su proyecto comercial de Castellana 200, ubicado en Madrid.

Sobre ese centro se creo una sociedad que en realidad está prácticamente en manos de la banca. Por ello, en el proceso no se incluirá el citado complejo, ya que tras una de las refinanciaciones de deuda de Reyal, cerrada en mayo de 2010, se cedió a una filial controlada por un conjunto de bancos acreedores.

Entre sus principales acreedores de la inmobiliaria figuran Santander y Banesto, con un pasivo de 530 millones, al que es preciso sumar gran parte de la deuda de unos 300 millones que soporta Inveryal, una sociedad patrimonial de Rafael Santamaría. estas entidades tienen provisionados los créditos. Sin embargo, Sareb, el ‘banco malo’, cuenta con una deuda más elevada, superior a los 700 millones, aunque la que no está provisionada por las entidades que dieron los créditos es de 350 millones. En conjunto, el Estado es el principal acreedor, ya que el grupo adeuda millones de euros a la Agencia Tributaria y otros 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Santamaría, propietario del 70% de las acciones, soporta también una parte de la deuda a través de Inveryal, una sociedad patrimonial, que ha desembolsado unos 300 millones.

La inmobiliaria, surgida de la compra de Urbis por parte de Reyal en 2006 a través de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA), está protagonizando el segundo mayor concurso de acreedores después de Martinsa Fadesa, con más de 7.000 millones de pasivo. En su comunicado, Reyal Urbis señala que continuará desarrollando su actividad y que confía en lograr un acuerdo en el marco del concurso porque «se ha constatado la buena voluntad de todas las partes negociadoras».