Frente a un incumplimiento de contrato, la única salida es la rescisión. No necesitábamos un Debate sobre el estado de la nación para constatar lo que ya sabíamos: que el Gobierno del Partido Popular no ha cumplido el programa presentado en las últimas elecciones. Alguien podrá argumentar que las circunstancias han cambiado, que ante la mutación de los acontecimientos ha habido que adaptarse a un nuevo escenario con medidas nuevas. Suponiendo que esto fuera así, el sesgo de estas medidas ha sido tan radicalmente opuesto al programa electoral del PP que cabría cuestionar la desproporcionalidad de esa diferencia, entre un programa y una actuación tan extremadamente opuesta, incluso asumiendo que esa presunta variación sobre la actualidad realmente la justificara. O sea, que aunque fuera cierto, se habrían excedido, con lo que de cualquier forma no estarían cumpliendo las condiciones del contrato de representación –mandato, como tanto gusta de decir a Rajoy-, sino imponiendo otras.

Todo eso, suponiendo que auténticamente todo hubiera cambiado mucho desde que ganaron las elecciones hasta hoy. Pero sucede que esto tampoco ha ocurrido. Que las circunstancias sociales y económicas vienen a ser las mismas, más o menos, con el agravante de que las políticas de este Gobierno no sólo no parecen hacer retroceder los efectos nefastos de la crisis, sino que la están agravando en una espiral ruinosa y desasosegante. Analicemos esta idea: las circunstancias no han cambiado demasiado, pero las políticas del Gobierno son opuestas a las que presentaron hace año y pico: una amnistía fiscal de la que no sabíamos nada, una subida de tasas judiciales que ha sacado a los jueces a la calle, unos recortes en Educación y Sanidad que nos hace temer no ya por un futuro que, si solamente depende de esta gente, ya tendremos perdido para siempre, sino el presente inmediato, mientras se favorece los dos sectores privados; una reforma laboral que ha institucionalizado el despido libre y ha acabado con nuestra cultura de consenso en los convenios colectivos, una reforma de las administraciones locales de dudosa funcionalidad y serio riesgo para la supervivencia de muchos ayuntamientos, una politización radical, a favor del Gobierno, en los antes respetados y premiados internacionalmente servicios de informativos de RTVE… Y todo ello mientras estalla el caso Bárcenas, el mayor asunto de corrupción en nuestra democracia que anega no sólo las catacumbas, sino también los áticos de un partido gobernante.

Sí, se podría hablar perfectamente de incumpliendo de contrato: porque me imagino que muchos de quienes votaron la lista Mariano Rajoy habían escuchado sus promesas electorales; y algunos, incluso, habían leído el programa, aunque fuera por encima. Y aunque no lo hubieran hecho: en este sistema de representación pública la victoria electoral no otorga un poder omnímodo, sino una correspondencia con lo que previamente se ha pactado: el programa, en este caso. Y al no haber variado las circunstancias, no se justifica una política tan contraria a la prometida en la campaña.

Hay incumplimiento de contrato, o una estafa directa. Y faltan los imprescindibles sistemas de control para que, por poner un ejemplo, un poder judicial no politizado –otro de los incumplimientos, esta vez de Gallardón- pudiera exigir cuentas y responsabilidades al Gobierno, como en cualquier otra realidad jurídica, por un incumplimiento de un contrato o por una estafa impúdica, consentida y vergonzante.