Los datos han  sido incluidos por el Consejo Económico y Social (CES) en el «Informe sobre distribución de la renta en España»  aprobado recientemente por unanimidad de todos los grupos representados en este órgano, es decir empresarios, sindicatos y sociedad civil.

Según el informe, la importancia del fraude fiscal en España supone un lastre para nuestro sistema tributario «tanto por el lado de la suficiencia, por el importante volumen de recursos que la hacienda española deja de recaudar, como por el lado de la equidad, dado que se concentra en las rentas que no están sujetas a retención».

El  informe del CES apunta que la enorme diferencia entre la renta media que se viene declarando en el IRPF por trabajo (menos de 25.000 euros al año) y por actividades económicas (menos de 10.000 euros anuales) «se explicaría, al menos en parte, por la importancia del fenómeno de infradeclaración u ocultación de rentas ligadas a la economía sumergida».

En este sentido el CES destaca que el fraude fiscal tiene fuertes efectos distorsionadores de la equidad, la progresividad y la distribución de la riqueza ya que, cuanto mayor sea la cantidad defraudada, mayor será la carga fiscal que deban soportar el resto de contribuyentes y menores los ingresos públicos obtenidos para financiar los servicios públicos.

«Es contrario también -comenta- a la equitativa distribución de la renta porque se concentra en las fuentes de mayor riqueza. Además, la cantidad defraudada debe obtenerse necesariamente por otras vías de recaudación o mediante deuda pública».

«Por ultimo, contribuye a una perniciosa percepción de normalización de este tipo de prácticas, pudiendo dar lugar a una extensión de la tolerancia hacia las mismas entre la población», asegura.

«En definitiva, el fraude fiscal -añade el CES- es un fenómeno que pone seriamente en entredicho el cumplimiento del mandato constitucional de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

Modificaciones tributarias

El informe recuerda que si bien parece aceptarse que el sistema tributario español ha venido siendo aproximadamente proporcional o ligeramente progresivo, al menos hasta mediados de la década de los 90, a partir de entonces se fueron acometiendo una serie de reformas en la imposición directa que, en conjunto, han limitado el potencial recaudatorio del sistema tributario, y en consecuencia su capacidad redistributiva.

En este sentido cita que en el IRPF se redujeron los tipos y los tramos de la tarifa limitando con ello la progresividad formal del tributo y su capacidad recaudatoria, se fortalecieron algunas deducciones cuestionables en su diseño desde el punto de vista de sus efectos regresivos y se tomaron otras decisiones en el sentido de rebajar la fiscalidad del capital para retenerlo.

Además, añade, se introdujeron, entre otras medidas, regímenes especiales con una fiscalidad casi nula, como el de las Instituciones de Inversión Colectiva, particularmente las Sociedades de Inversión en Capital Variable (SICAV) o el de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

No obstante, recuerda que a partir de 2006 se aplicó una reducción en los tipos como compensación por la eliminación gradual de algunas de las deducciones en cuota, con idea de eliminar distorsiones y simplificar el tributo en línea con las recomendaciones internacionales.

Además, señala también, en el contexto de creciente competencia fiscal internacional, han proliferado estrategias de planificación fiscal agresiva, en terminología de la OCDE, de las empresas multinacionales, que utilizan las diferencias en la legislación fiscal de lo distintos países para eliminar o reducir significativamente la tributación, lo que les proporciona injustas ventajas competitivas y supone una mayor carga fiscal para los ciudadanos y las Pymes, socavando además de manera preocupante la base fiscal de muchos Estados

Junto a ello cita que, ya a las puertas de la recesión, se eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio, lo que unido a la drástica limitación de la Imposición sobre Sucesiones y Donaciones por efecto de la competencia fiscal a la baja entre Comunidades autónomas, ha desembocado en la práctica eliminación de la imposición sobre la riqueza en España.

Desaparición de ingresos públicos

El informe añade que el final precipitado del patrón de crecimiento sobre el que se sustentaba la economía española, que reportaba cuantiosos ingresos públicos, ha hecho desaparecer de forma permanente una parte significativa de los ingresos públicos contribuyendo con ello a aumentar sensiblemente el déficit estructural del sector público.

Sin embargo, recuerda el CES, para financiar un sistema de bienestar equiparable a los de los principales socios europeos y, en general, para dotar al sector público español de la capacidad económica necesaria para intervenir eficazmente en el terreno de la estabilización económica, la redistribución de la renta, la asignación de recursos y la dinamización de la economía, será necesario alcanzar un nivel de ingresos suficiente.

Reformas precipitadas y descoordinadas

Sin embargo, el Consejo Económico y social critica que lejos de plantearse una reforma en profundidad del conjunto del sistema fiscal, equilibrada y con visión de largo plazo, desde mayo de 2010, y a instancia de los sucesivos Gobiernos, «se han ido aprobando de manera precipitada, descoordinada y poco meditada, múltiples reformas tributarias, en general de aumento de la fiscalidad y, por tanto, de signo contractivo, con la única finalidad de aumentar a corto plazo la recaudación para cumplir los objetivos de reducción del déficit público comprometidos en Europa».

«Pero más allá del efecto recaudatorio de este paquete de medidas, -añade- lo que sin duda constituye la finalidad principal de las reformas, resta por dilucidar cuál pueda ser su impacto distributivo, dado el carácter ambivalente del conjunto».

De entrada, las reformas introducidas en el IRPF y Sociedades reforzarían la progresividad del sistema, aunque alterando considerablemente el sistema de incentivos de los contribuyentes, mientras que el aumento de la imposición indirecta, más neutral con la actividad económica, tendría en cambio efectos regresivos.

Con todo, sería necesario, recomienda, que reformas de tanto calado se acompañaran de análisis rigurosos que determinaran sus efectos económicos desde la óptica de la suficiencia, la equidad y la eficiencia..

En cualquier caso, añade, las dificultades recaudatorias del sistema impositivo español que se han puesto abiertamente de manifiesto en la difícil coyuntura por la que atraviesa la economía española, «exigen que se abra un debate sobre la oportunidad de acometer una reforma fiscal ampliamente consensuada, encaminada a aumentar la capacidad recaudatoria del sistema, la equidad en el reparto de la carga y su eficacia respecto al sistema productivo».