La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aclarado que el Gobierno da el paso tras escuchar a la Abogacía del Estado y al Consejo de Estado, que han confirmado la oportunidad de esta impugnación.

Ha precisado también que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se emplea la «tercera vía» que ofrece la Constitución, la de impugnar el acuerdo del Parlament.

Sáenz de Santamaría ha defendido que el Estado tiene la «obligación» de cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución y que acude a los tribunales como lo hacen las comunidades autónomas cuando «se ven compelidas» a defender sus competencias o impugnar decisiones del Estado que consideran que les afectan.