El Fiscal Superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, ha asegurado en el programa “Converses” de Cope en Cataluña y Andorra que no da «ningún crédito» a la versión dada por los periodistas que publicaron en el diario El Mundo que el presidente catalán tenía cuentas bancarias en Suiza. El fiscal ha dicho que no puede creer «lo que digan dos imputados, inculpados o investigados, dentro de una causa penal donde no tienen obligación de declarar o de decir la verdad, y dicen que no tienen obligación de revelar sus fuentes». En este sentido, Rodríguez Sol ha descartado «la versión que dan estas dos personas» que apunta al Ministerio del Interior como fuente de las informaciones en las que se daba credibilidad a un informe de la UDEF sobre ese dinero en el país alpino.

Ese caso, fruto de una querella interpuesta por el presidente Mas y el ex presidente Pujol tras la publicación de un supuesto borrador de la UDEF en el diario El Mundo en plena campaña de las elecciones autonómicas del pasado 25 de noviembre, también ha llevado al Fiscal Superior a hablar del secreto periodístico, sobre el que ha afirmado que «cuando se está dentro de un delito, las reglas deben cambiar». A su juicio, no puede ser lícito que las fuentes sigan ocultas incluso en procesos judiciales: «Si tú provocas una actuación judicial, no puedes mantener el derecho a no declarar. Debes ser coherente con tu situación procesal inicial».

Coincidencia con el proceso soberanista

El fiscal tampoco ha querido relacionar la gran cantidad de casos de corrupción que se investigan judicialmente y que afectan mayoritariamente a cargos electos de CiU, ni con la crisis ni con el proceso soberanista, aunque «alguien está aprovechando la situación». A su juicio, es «una suma de coincidencias» el hecho de que estén apareciendo informaciones sobre supuestos casos de corrupción política cuando el gobierno de la Generalitat ha puesto en marcha el proceso soberanista. «Sé que decir esto a la gente le costará creer», ha reconocido Rodríguez Sol en la misma entrevista del espacio Converses de la COPE, pero se atiene a la revisión de cuándo y dónde comenzaron las investigaciones de estos casos para avalar su afirmación.

En el actual contexto, donde las noticias judiciales están a la orden del día, el fiscal sugiere, además de un replanteamiento del «secreto periodístico», otro sobre el «secreto de sumario». Cree conveniente, además, que un juez retire cautelarmente las funciones a un político cuando el delito que se le imputa está relacionado con su labor. «El juez debería poder acordar una suspensión provisional de las funciones de un político durante la tramitación de un procedimiento», reflexionó en voz alta Rodríguez Sol en torno al debate sobre la separación de un cargo electo cuando es imputado en una investigación.

Ante ese debate político sobre si los electos deben dejar o no su cargo público al ser imputados, Rodríguez Sol ha afirmado que «nos encontramos ante una ley que no está actualizada». El Fiscal Jefe ha hablado como punto clave del auto de procesamiento, momento en que el juez hace la valoración y se pronuncia sobre los hechos. Añadió, además, que el concepto imputado «ha ido evolucionando sin que tenga a la ley un reflejo claro, pero no hay una resolución escrita que aclara porque eres imputado».

Revistar la condición de aforado

El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, se ha mostrado partidario de revisar la condición de ´aforado´ de los diputados porque «ha cambiado la realidad social y hay unas relaciones institucionales distintas» llegándose, según él, a una situación ´kafkiana´ en lo que debería ser un privilegio para proteger la función pública. «Posiblemente la respuesta al final sea que hay que cambiar algunas cosas», se ha respondido a sí mismo sobre este mecanismo que afecta al ex alcalde de Lloret de Mar (Girona) y diputado en el Parlament, Xavier Crespo, al que por su presunta vinculación con la mafia rusa imputó esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) después de que la Audiencia Nacional le remitiese la causa dada su condición de aforado.

También se ven afectados por este estatus jurídico el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, que además es secretario general de Convergència, y el diputado socialista en la Cámara catalana Daniel Fernández, sobre los que el TSJC tiene pendiente decidir si los imputa después de que los juzgados de instrucción tuviesen que derivarle las causas que les afectan de los casos ITV y Mercurio, respectivamente.

Legitimidad de la consulta

En otra entrevista, en este caso con la agencia Europa Press, Martín Rodríguez Sol ha declarado ver “legítimo” que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político pero avisa de que actualmente «no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia», por lo que apuesta por buscar una alternativa en preguntas que respeten la legalidad.

El fiscal superior de Cataluña ha considerado que ante el previsible “no” de Madrid a permitir un referéndum sobre la independencia «existen otras alternativas, y una es utilizar la ley de consultas con preguntas de otro estilo y aquí es donde se puede posiblemente jugar». Según el fiscal, «hay un marco legal muy concreto y, a la vez, hay que intentar conectarlo con una realidad social de una parte importante de la población de Catalunya que cree que es mejor para Cataluña otro modelo» al actual. «Si no hay solución en Madrid hay que ver qué ámbito de competencias nos quedan y qué se puede hacer a través de una ley de consultas», ha indicado Rodríguez Sol. Asimismo, ha opinado: «Al pueblo hay que darle la posibilidad de expresar lo que quiere; en general a cualquier pueblo».

El fiscal ha hecho un símil con el viaje de Ulises y el proceso catalán: «En estos momentos, del viaje a Ítaca, los billetes los pueden tener en Madrid. Y nos podemos encontrar con que la postura de Madrid no sea muy favorable a los cruceros». Por ello, ha pedido «ser realista» y entender que el marco legal no contempla la posibilidad de un referéndum sobre la independencia, aunque sí apunta a que se podría hacer legalmente con una modificación legislativa que depende del Gobierno central. «Yo creo que al final los legisladores tienen que ser conscientes de que legislan para los ciudadanos y tienen que buscar el bien común de todos y ver si la unidad nos fortalece o puede llevar a hacernos más débiles», ha reflexionado.

Preguntado sobre si defiende una reforma de la Constitución en esta cuestión, ha puntualizado: «Lo que digo es que todas las leyes se pueden modificar y hay que valorar si la norma sigue respondiendo a una realidad social como fue en el año 78 o si hay una realidad distinta, plural, que aconsejaría una modificación», aunque ha puntualizado que estas decisiones corresponden a los políticos.