Los rectores piden que el debate de la reforma universitaria que pretende el Gobierno no aparque la solución de los problemas financieros y de contratación del profesorado sino que se traten “a la vez”, porque la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) “está especialmente preocupada por la actual situación económica de la totalidad de las universidades, así como por el mantenimiento estructural de las severas restricciones normativas introducidas en las políticas de personal y por el posible perjuicio de la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios universitarios”.

La presidenta CRUE, Adelaida de la Calle, abunda en este planteamiento y señala que lo más preocupante para los rectores es “la situación actual en la que estamos inmersas las universidades españolas: todas estamos con problemas financieros y con una necesidad sobre todo en lo referente al profesorado”. En este sentido, De la Calle sostiene en declaraciones a Efe que las  universidades podrán asumir un futuro de reformas, siempre y cuando se salga al menos de esta situación, que no se sabe si es coyuntural o estructural, pero que está perjudicando mucho al sistema universitario español.

De la Calle se destaca entre los problemas que sufren las universidades la limitación de renovación de plantillas por cuestiones presupuestarias y de cumplimiento de los objetivos de déficit público. «Esto –asegura- impide que demos la mejor prestación que debíamos de dar y, por lo tanto, lo que pedimos de alguna manera y forma al Gobierno es que se tenga esto en consideración y que volvamos al menos a la situación de partida si queremos volver a asumir cualquier tipo de reforma”. Y eso es lo que todos los rectores han puesto de manifiesto de forma contundente.

No obstante, asegura que los rectores están dispuestos a hablar de la reforma porque es «conveniente» y llevan mucho tiempo discutiéndolo, y defiende que la universidad española quiere mejorar, de manera que está dispuesta a cualquier tipo de «sugerencia, de trabajo, de esfuerzo para dar una mejor respuesta a la sociedad en todos los momentos, pero crucialmente ahora».

En relación con las propuestas de la Comisión de expertos que designó el Gobierno para la reforma universitaria, resalta que unas son «aceptables y comprensibles», pero otras son «muy difíciles de llevar a la realidad en estos momentos», tanto jurídicamente como financieramente, pero sin precisar cuáles, porque la CRUE seguirá debatiendo el documento.

Los rectores son partidarios de estudiar comparativamente este informe y todos los demás disponibles con propuestas de reforma para intentar clarificar aquello que pueda ser «realista, necesario para el buen funcionamiento de la universidad española».

Sobre la constitución de una Comisión Mixta (Ministerio de Educación-rectores para estudiar las propuestas, que la CRUE “valora positivamente”, De la Calle entiende que también deben estar representados los ministerios de  Economía y Competitividad, del que dependen las políticas de I+D+i-, y de Hacienda, que  al final es el que “da el visto bueno a los capítulos económicos».

Por parte de la CRUE formarán parte rectores de la comisión permanente y de la asamblea general, de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) y de la Comisión de I+D+i.

Ante los trabajos de la Comisión, la CRUE plantea que “este trabajo de análisis conjunto debe ser compatible con la necesaria introducción, por parte del Gobierno, de los cambios legislativos inmediatos, que permitan superar lo que hoy significa un ahogo del funcionamiento de la Universidad”.

El Plena del Consejo de Universidades ha decidido crear la mencionada comisión, que en palabras del titular de Educación, José Ignacio Wert, debe “identificar si existen ámbitos de actuación adicionales” a los planteados en el informe del grupo de expertos, “debatir, si las medidas propuestas son las más adecuadas o si existen alternativas que las mejoren”, y “establecer los mecanismos normativos adecuados a cada una de las medidas” en que se concrete la propuesta de reforma universitaria.

En el Pleno del Consejo de Universidades, José Ignacio Wert mantuvo su postura de atribuir un perfil bajo al documento  de la Comisión de expertos, no haciéndolo suyo. Además, tampoco respondió a las preguntas de algunos rectores sobre eventuales plazos para cerrar el debate.