Así lo ha señalado Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha indicado que el artículo 95 de la Ley de Protección de Datos dice que la información de carácter reservado obtenida por la administración tributaria debe ser usada sólo para la gestión encomendada.

Estos datos, según Rajoy, no pueden ser cedidos a terceros salvo para colaborar en la investigación y persecución de delitos. «Éste es el principio que se aplica a todas las actuaciones de la administración tributaria, también a los procesos de regularización tributaria», dijo.

Rajoy añadió que una ley así no se puede cambiar «alegremente», aunque tampoco es «óbice» para que esos datos se usen para la inspección y la colaboración en procedimientos judiciales.

«Como a buen seguro no se le escapa que el Gobierno lo que tiene que hacer es cumplir las leyes», contestó Rajoy al senador del Grupo Mixto Jesús Iglesias, que le recriminó que no publique la lista de personas físicas y jurídicas acogidas a la amnistía fiscal que, a su parecer, tiene todos los indicios de haberse convertido en una «gigantesca lavadora de blanqueo de capitales».

Rajoy aseguró que no se le puede pedir al presidente de forma «tan nítida y palmaria» que no cumpla una ley que además «es muy clara» y lleva en vigor más de 30 años después de haberse elaborado con un gran consenso. «Una de mis obligaciones, la más importante, es cumplir la ley», dijo.

Además, recordó a Iglesias que la amnistía fiscal es un procedimiento «extraordinario, excepcional y limitado en el tiempo», que pretende responder a una situación «insostenible», ampliar las bases imponibles de los impuestos y ser un «instrumento útil» en la lucha contra el fraude fiscal.

Rajoy señaló también que este tipo de procedimiento no es nuevo ni en España ni en ningún país del mundo, ya que otros países como EE.UU., Reino Unidos, Italia o Alemania, también han seguido las recomendaciones de la OCDE y han puesto en marcha este tipo de procesos.

«No borra, ni limpia delitos»

Asimismo, aseguró que en esta ocasión, el proceso de regularización obliga a la identificación real de los titulares de bienes y derechos, es transparente en el acceso de los funcionarios de la administración tributaria a los datos y en ningún caso «borra, limpia o encubre» delitos.

En este sentido, indicó que cuando una persona tiene abierto un proceso de investigación no le sirve para evitar sus consecuencias, puesto que el programa está diseñado para aflorar rentas no declaradas de origen lícito.

Por todo esto, Rajoy se mostró convencido de que la regularización fiscal es «compatible» con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y recordó que el Gobierno también ha elaborado una ley antifraude y ha reformado el Código Penal, lo que le ha permitido elevar en un 12% la recaudación por la lucha contra el fraude.

«Y estoy convencido de que este año (las cifras) serán mucho mejores«, dijo, para finalizar reiterando que sí estudia posibles modificaciones normativas para publicar los incumplimientos más relevantes con el fisco, aunque es una «cuestión delicada» que es necesario estudiar «en profundidad».

Por su parte, el senador Iglesias contestó a Rajoy que no le pide que deje de cumplir la ley, sino que la cambie para poder publicar los nombres, igual que han cambiado muchas otras leyes.

El grupo mixto ve «injusta» la amnistía

A su parecer, el Gobierno tomó una decisión «arriesgada» con la amnistía fiscal, una figura cuestionada por los técnicos de la administración de Hacienda, que no cuenta con el visto bueno de los organismos internacionales y que envía un mensaje de impunidad a los que no cumplen.

«El resultado siempre es injusto para la mayoría de la sociedad», señaló, y recordó al Gobierno que no hay proceso judicial en marcha sobre corrupción que no pida datos de la amnistía.

«Desde el caso Bárcenas al Nóos o algunos relacionados con Cataluña», dijo, tras pedir de nuevo al presidente que cambie la ley porque si no promoverán una Comisión de Investigación.