Las negociaciones entre Fomento y la banca acreedora de las autopistas que se acogieron al concurso de acreedores avanzan, entre otros temas porque el tiempo juega en contra del proceso y en abril algunas podría entrar en quiebra, pero todavía el acuerdo no se ha cerrado. Los protagonistas de estas conversaciones son, por un lado, el ministerio que dirige Ana Pastor, como responsable último de la concesión y por decisión de las autoridades judiciales, y, por otra parte, la banca acreedora que quiere que el Estado asuma ya los compromisos financieros de las autopistas que no pueden hacer frente a sus deudas.

La caída de uso de las autopistas de peaje y el fuerte apalancamiento se ha llevado por delante a las infraestructuras con menos años de vida, como son las R-3, R-4, R-5, AP-7, AP-36 y AP-41. Cuatro de ellas son vías radiales que conectan Madrid con Arganda, Navalcarnero, Toledo y Ocaña, y, asimismo, se han acogido a los mecanismos legales de protección de compañías en crisis, Ocaña-La Roda y la AP-7 Cartagena-Vera.

En conjunto la deuda se acerca a los 4.000 millones de euros, y la quita o reducción de  esta cifra, así como el alargamiento de los plazos, son los temas centrales de las conversaciones. Y una vez más, Bankia es el principal acreedor. Según fuentes consultadas, Fomento pretende que la quita sea de al menos el 40%, aunque en este caso los representantes del Estado -la caja nacionalizada y el ministerio- se sientan a los dos lados de la mesa.

Hay también otros temas sobre la mesa. Y es que algunas de la concesionarias no quieren irse con la manos vacías después de haber invertido en las infraestructuras, y reclaman el valor residual de la inversión. Por el contrario, las grandes, como Ferrovial o ACS, tiene provisionadas estas partidas fallidas y quieren pasar página lo antes posible. De forma añadida existen otros acreedores por el procesos de expropiación que están en los tribunales y que van siendo dictaminados por el Tribunal Supremo.

En cualquier caso, la solución pasa por la vuelta de las concesiones al Estado, y que Fomento decida cómo va a gestionar estas autopistas que no serán cerradas. El ministerio no quiere que se resucite al 100% el papel de la empresa nacional de autopistas de la década de los ochenta, pero aunque la figura sea otra, la realidad es que el ministerio gestionará estos activos hasta que pueda volver a licitarlos. Y lo hará, en principio, de forma conjunta a través de una sociedad.