Tres golpes de efectos en la misma jornada no están al alcance de cualquiera. El primero es el más impactante, sobre todo por sus implicaciones y por el rotundo mensaje de que no quiere ataduras ni compromisos que puedan interferir en su gestión: CaixaBank devolverá a lo largo de este mes, sin esperar a agotar el plazo de un año que se fijó en su momento, los 977 millones de euros que, en forma de participaciones preferentes, recibió Banca Cívica del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) en 2011.

El segundo golpe de efecto supone el inicio del proceso de absorción del Banco de Valencia. Y el tercero es el más sorprendente. En pleno debate sobre las retribuciones de los banqueros, tanto en España como en la Unión Europea, ‘la Caixa’ se vuelve a adelantar y la junta general de accionistas de CaixaBank, convocada para el 25 de abril, fijará la cantidad fija anual que recibirán los miembros del consejo de administración de la entidad.

Tras el acuerdo de integración con Banca Cívica, que se llevó sin solicitar tipo alguno de ayudas públicas, CaixaBank anunció que devolvería la ayuda del Frob en los 12 meses siguientes al cierre de la fusión, que tuvo lugar el 3 de agosto de 2012. El consejo de administración del primer grupo financiero en el mercado español (arrebató esa posición al Santander precisamente al fusionarse con Banca Cívica) ha decidido no agotar ese plazo y liberarse de esa incómoda carga en marzo, seis meses antes.

“Esta decisión refleja la fortaleza financiera de CaixaBank, que a 31 de diciembre de 2012 contaba con un capital básico del 11% y disponía de una liquidez de 53.092 millones de euros, lo que le sitúa como una de las entidades más sólidas del sistema financiero español”, destacan en el banco que ha heredado el negocio financiero de ‘la Caixa’, con Isidro Fainé como presidente y Juan María Nin como vicepresidente y consejero delegado.

La ayuda del Frob a Banca Cívica se realizó para apoyar el proceso de integración de las entidades (Caja Navarra, CajaCanarias, Caja Burgos y Cajasol) que se integraron a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP). Ésta se materializó el 11 de febrero de 2011 con la suscripción de participaciones preferentes emitidas por Banca Cívica por valor de 977 millones de euros.

Con la adquisición y posterior fusión por absorción de Banca Cívica por parte de CaixaBank, esas participaciones preferentes pasaron a formar parte de los recursos propios de máxima categoría (capital básico y principal) del grupo. Podían ser devueltas en un plazo máximo de cinco años (aunque CaixaBank ya dejó claro desde el primer momento que lo haría como mucho en un año) o, alternativamente, ser convertidas en acciones ordinarias de la entidad.

 

Banco de Valencia, este año

Otra decisión estratégica es la comunicación al mercado que CaixaBank está estudiando realizar una fusión por absorción del Banco de Valencia «durante este ejercicio”. A finales del año pasado, el nacionalizado Banco de Valencia, participado por Bankia (heredó esa posición de control de Bancaja), fue adjudicado a CaixaBank.

En menos de tres meses, CaixaBank acelera la absorción de la entidad, aunque precisa que la «eventual propuesta de fusión» y su ecuación de canje se debe examinar en las próximas semanas por los órganos de gobierno de CaixaBank y del Banco de Valencia «para su oportuna consideración y validación por expertos financieros».

CaixaBank se adjudicó a finales de 2012 la nacionalizada Banco de Valencia por un euro, haciendo casi un favor al Frob, porque Bruselas quería imponer su liquidación. Una opción mucho más cara que su absorción por CaixaBank. La operación tendrá, según los cálculos de la entidad, un impacto positivo en su beneficio por acción desde el primer año.

La junta fija el sueldo

El consejo de administración de CaixaBank también ha acordado proponer a la junta general ordinaria de accionistas, convocada para el 25 de abril, la modificación del artículo 34 de los estatutos sociales, que se refiere precisamente a la retribución de los consejeros. Tras los cambios, queda claro que “el cargo de consejero será retribuido”. “La retribución consistirá en una cantidad fija anual que determinará la junta general de accionistas, y que se mantendrá vigente en tanto en cuanto la junta general no acuerde su modificación”, regula la propuesta. El consejo de administración, “atendidas las circunstancias de cada momento, podrá reducir la cantidad a percibir en los ejercicios en que así lo estime oportuno”. Pero no podrá incrementar esa retribución sin que se pronuncien los accionistas.

“La cifra fijada por la junta general de accionistas será para retribuir al consejo de administración y sus comisiones delegadas, y se distribuirá en la forma que estime más oportuna el consejo, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tanto en lo que se refiere a la distribución entre los miembros, en especial al presidente, en atención a las funciones y dedicación de cada uno de ellos y a su pertenencia a las distintas Comisiones -lo que podrá dar lugar a retribuciones diferentes para cada uno de ellos- como en la periodicidad y la forma a través de dietas, retribuciones estatutarias, etc”, añade la nueva redacción.

Dentro de la retribución aprobada por la junta, los consejeros podrán ser retribuidos con la entrega de acciones de CaixaBank o de otra compañía cotizada del grupo, de opciones sobre las mismas o de instrumentos vinculados a su cotización. Pero “esta retribución deberá ser acordada por la junta general de accionistas”, que deberá expresar “el número de acciones a entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las acciones que se tome como referencia y el plazo de duración de esta forma de retribución».

Los consejeros con cargos ejecutivos en CaixaBank “tendrán derecho a percibir una retribución por la prestación de estas funciones que determinará el consejo de administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y que podrá consistir en una cantidad fija, una cantidad complementaria variable, y también sistemas de incentivos así como una parte asistencial que podrá incluir sistemas de previsión y seguros oportunos y, en su caso, la Seguridad Social”. Además, “en caso de cese no debido al incumplimiento de sus funciones, podrá tener derecho a una indemnización”.