Lo ha confirmado la Comisión Europea  que sin embargo se guardan con mucho secretismo los nombres de los clubes afectados.

Y todo viene porque mientras se siguen pagando a algunos jugadores cantidades desorbitadas y sonrojantes en un país con 6 millones de parados, bajos salarios y brutales recortes, los mismos clubes que hacen esas prácticas gozan de reducciones con Hacienda o la Seguridad Social, según lo que Bruselas afirma que quiere analizar.

Y ante esta situación surge la pregunta. ¿Dar todas las facilidades para el pago de esta deuda no supone de alguna manera una ayuda de Estado? ¿No es tampoco ayuda de Estado que las administraciones locales favorezcan de manera indirecta la supervivencia de unos clubes que si fueran tratados como cualquier empresa tendían que haber cerrado ya sus puertas? ¿Porqué siguen vivos algunos equipos que más bien parecen «Zombies»?

«De momento se trata de una investigación preliminar, una petición de información. Hasta ahora no hemos abierto una investigación formal y por ello no voy a hacer comentarios sobre la identidad de los clubes de fútbol afectados», afirmó este lunes el portavoz de Competencia, Antoine Colombani.

De momento han pedido «información a las autoridades españolas sobre este caso, que se refiere a reducciones en materia de cotizaciones sociales, de deuda fiscal y social de los clubes de fútbol español».

El portavoz, que se negó a desvelar la identidad de que clubes están afectados por esta situación, no quiso tampoco aclarar si Bruselas está investigando por separado el caso del Valencia CF, cuya deuda ha sido asumida por el Gobierno valenciano.

«No voy a realizar especulaciones ni sobre la localización geográfica de los clubes afectados ni sobre su identidad», insistió Colombani al ser preguntado por esta cuestión.

Pero la situación no afecta solo a la estratosférica liga española ya que Bruselas abrió la semana pasada una investigación formal en profundidad para aclarar si el PSV Eindhoven y otros cuatro clubes de fútbol holandeses recibieron ayudas públicas ilegales de las autoridades locales en 2010 y 2011.