No era precisamente el mejor momento para hacerlo, con el mercado hipotecario español prácticamente acorralado entre la internacionalización de las protestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el anuncio de Ecuador de demandar a los bancos que operan en España por imponer contratos “abusivos e inmorales”·a sus ciudadanos residentes aquí, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará el jueves 14 de marzo si la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores. Pero CaixaBank ha colocado 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a cinco años en menos de hora y media.

El banco instrumental de ‘la Caixa’ ha suscitado con esta emisión, cubierta en un 79% por inversores internacionales (fundamentalmente de Alemania, Francia y Reino Unido), una demanda 2,7 veces superior, hasta los 2.700 millones. Esto ha permitido abaratar el coste de la operación de 220 puntos básicos sobre el ‘midswap’, el tipo de referencia habitual en estas operaciones, a 210 puntos básicos, 42 puntos básicos por debajo de lo que tiene que pagar el Tesoro español en el mismo plazo. El cupón es el 3%. Los bancos colocadores de la emisión, que generó 180 órdenes, han sido BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Société Générale y la propia CaixaBank.

En enero, CaixaBank cerró una emisión de 1.000 millones de bonos senior a tres años, con una demanda de más de 5.000 millones. La última emisión de cédulas hipotecarias que realizó fue en febrero de 2012, cuando se emitieron 1.000 millones a 5 años a un precio de 248 puntos básicos.

 

Internacionalización de la presión social

Mientras CaixaBank colocaba sus cédulas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas internacionaliza la presión social contra el PP para que apruebe la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de reforma de la legislación hipotecaria española, que ha logrado la cifra récord de más de 1,5 millones de firmas y que plantea la dación en pago retroactiva, mediante un llamamiento para convocar protestas ante las Embajadas el día 18. Ya ha recibido el apoyo de la francesa DAL (Droit au logement, Derecho a la vivienda), entre otras organizaciones sociales. “El objetivo es demostrar que las propuestas de la PAH tienen un amplio apoyo internacional, y presionar al Gobierno desde dentro de España así como desde fuera ahora que está por decidirse el futuro de la Ley Hipotecaria”, explican en la Plataforma.

Además, la Plataforma ha lanzado en las redes sociales (#DeAfectadoaDiputado), «un llamamiento a los Diputados del Partido Popular para que escuchen las voces de los desahuciados antes de tomar una decisión sobre la ILP, una decisión que cambiará sus vidas”.

Por su parte, el Gobierno de Ecuador, insiste en que demandará a bancos por haber suscrito hipotecas en condiciones “abusivas” a miles de sus ciudadanos que emigraron a España, tras el anuncio hecho el sábado por el presidente Rafael Correa. Éste tachó de “inmorales” y de “fraudulentos” algunos contratos, y recordó que la Defensoría del Pueblo ecuatoriana ha interpuesto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda contra la Ley Hipotecaria española, al no cancelarse la deuda con la entrega de la vivienda.

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, informó sobre la contratación de abogados por los consulados repartidos por España para asesorar a los ciudadanos de ese país afectados por impagos de deudas hipotecarias. Esos «juristas de altísimo nivel» presentarán las demandas contra la banca «que los ha engañado», aunque Patiño matiza que algunas entidades han aceptado las viviendas como dación en pago y han dado por canceladas las deudas contraídas por los inmigrantes ecuatorianos

Sin protección suficiente

La fecha clave para el futuro de la legislación hipotecaria española es el jueves. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminará ese día si la legislación española de desahucios vulnera la normativa comunitaria de protección de los consumidores. Un fallo en contra de España, que es lo que prácticamente todos esperan, obligará al Gobierno de Mariano Rajoy a cambiar la normativa. De hecho, el PP ha atrasado al día después del fallo el plazo de enmiendas a la iniciativa legislativa popular, pese a anunciar que votará en contra de ésta.

La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Juliane Kokot, cuyas opiniones se siguen en el 80% de los casos, ya falló en noviembre del año pasado que la norma española no se ajusta a la legislación comunitaria, ya que no garantiza a los clientes una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

La sentencia del Tribunal de Justicia responde a una cuestión presentada por un juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano solicitaba que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

La normativa española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que regula que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

En sus conclusiones de noviembre, la abogada general estimó que «la regulación procesal española es incompatible con la Directiva comunitaria, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue«.»No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios«, argumenta Juliane Kokot.