El pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado este mediodía, a iniciativa del PSC y con una amplia mayoría de más de dos terceras partes, la propuesta de resolución sobre el derecho de decidir presentada por el PSC, y que insta al gobierno de la Generalitat a «iniciar un diálogo con el gobierno del estado, a fin de posibilitar la celebración de una consulta a la ciudadanía catalana para decidir sobre su futuro». Esta resolución ha recibido los votos de 104 diputados de los 135 que integran la cámara catalana, puesto que ha cosechado el apoyo de CiU, ERC e ICV-EUiA, además del PSC, mientras que sólo los diputados del PP catalán y Ciudadanos la rechazan, mientras que los tres representantes de la CUP se abstendrán.

De esta forma, la propuesta de resolución del PSC que sus diputados ya votaron en el Congreso escenificando por primera vez la desobediencia al PSOE; ha obtenido el apoyo de más de dos tercios de la cámara catalana, lo que supone un consenso más amplio del que obtuvo la declaración soberanista que fue apoyada hace sólo 50 días, el pasado 23 de enero, por CiU, ERC e ICV-EUiA. Aquella declaración, que aseguraba que Cataluña es un sujeto político y soberano fue rechazada por los diputados del PSC en el Parlament y ha sido recientemente recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

El texto aprobado hoy es casi idéntico al que propuso CiU y votaron todos los partidos catalanes hace dos semanas en el Congreso, cuando el PSC se desmarcó por primera vez en 35 años del PSOE a causa de su discrepancia sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña. CiU no ha presentado objeciones al texto del PSC y lo considera complementario a la resolución que ya aprobó junto con ERC e ICV-EUiA (85 diputados) y que establecía que Cataluña era un sujeto jurídico y político «soberano», lo que ahuyentó a los socialistas.

Recurso de inconstitucionalidad

El pleno ha respaldado con 107 votos a favor y 26 en contra, del PP y Ciudadanos, la propuesta de ERC para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Estado 16/2012, que incorpora el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito y lo fija el tipo del cero por ciento. Por otra parte, el gobierno catalán aprobó, con un decreto ley validado por el Parlamento que ahora se tramita como proyecto de ley, un impuesto de depósitos bancarios con un gravamen económico en función del depósito. El Consejo de Garantías Estatutarias emitió un dictamen el mes pasado a petición del gobierno catalán y de ERC. Este organismo considera por unanimidad que la ley estatal vulnera artículos de la Constitución y el estatuto catalán, y cree que el Estado ha hecho una utilización «fraudulenta» del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito, ya que el tributo » ni genera ingresos ni obligaciones fiscales «y, por tanto,» persigue delimitar las competencias financieras de las comunidades autónomas «.

Asimismo, según el consejo, el hecho de que el nuevo impuesto estatal esté fijado en el cero por ciento es «una vulneración del principio de lealtad constitucional (…), el cual rechaza las interferencias en el legítimo ejercicio de las competencias de los demás entes territoriales «, conlleva un» exceso en el ejercicio de la competencia estatal «, y hace» inoperante «el sistema de competencias de que disponen las comunidades autónomas.