España bajará al último puesto en el periodo 2013-2014 en inversiones en obra civil de la UE-27, si la comparación se realiza con un ratio que tiene en cuenta la superficie y el número de habitantes, según ha manifestado Julián Nuñez, presidente de Seopan, patronal que agrupa las empresas de construcción e infraestructuras. Esta situación es consecuencia de los recortes en los presupuestos de los dos grandes ministerios inversores, Fomento y Medio Ambiente. La proyección pone en manifiesto además que la inversión española será inferior en un 50% a la italiana, en un 51% a la alemana, en un 55% a la francesa y en un 60% a la inglesa.

Núñez aportó más datos sobre el declive de esta actividad: la licitación de concesiones de  obras del conjunto de las administraciones ascendió a 686 millones de euros, frente a los 4.627 millones y 10.228 millones de 2011 y 2010, respectivamente (en euros de 2012). Todos las estadísticas apuntan a que se alcanzan las cifras más bajas de décadas. Pero el presidente de Seopan quiso, asimismo, desmontar lo que considera un mito sin excesiva base: que las inversiones en España en infraestructuras han sido muy superiores a las de los países del área geográfica. El ratio -1.377- es similar al de Alemania, y por debajo de los de Italia -1.941-, Reino Unido y Francia.

Ante este panorama, la propuesta de la patronal al Gobierno contiene varios puntos, entre ellos, resolver la morosidad de las administraciones públicas e impulsar la colaboración público-privada. Y, casi en primer lugar, concentrar los presupuestos del Estado de 2014 un tercio de la cartera contratada pendiente de ejecución – unos 8.000 millones de euros- , que se sumaria a los 10.000 millones de ese ejercicio. «Supondría un retorno fiscal de 5.000 millones y la creación de 144.000 puestos de trabajo», añadió. Por el contrario, en edificación y obra civil se han destruido más de 1,589 millones de empleos en el periodo 2008-2012.

Agregó que las constructoras tienen pendiente de cobro una deuda vencida y no pagada de 420 millones de euros con siete comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Baleares, Madrid y Valencia. La deuda corresponde a los importes que estas administraciones deben pagar a las empresas por las autopistas y autovías que construyeron en régimen de concesión con peaje en sombra.