El Gobierno aprobó hoy un real decreto ley por el cual se endurece el acceso a la jubilación parcial y anticipada, con el objetivo de ahorrar 4.500 millones de euros anuales. A partir el lunes, se retrasa en dos años la edad para acceder a estas modalidad de retiro. Además, también se encarece el cobro del subsidio por desempleo para las personas mayores de 55 años.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha justificado tras el Consejo de Ministros los cambios en el acceso a estas fórmulas de jubilación, que entrarán en vigor al día siguientes de su publicación en el BOE, previsiblemente mañana sábado.

Báñez recordó que la entidad pagadora de las pensiones, la Seguridad Social, lleva perdidos 3,5 millones de cotizantes en los últimos cinco años de crisis económica. “Tenemos que actuar”, enfatizó la ministra quien defendió unos cambios que buscan aproximar la edad real de jubilación a la edad legal, actualmente 65 años y un mes, y que se retrasará paulatinamente hasta los 67 en el año 2017.

La ministra de Empleo negó que se haya planteado acelerar el retraso en la edad de jubilación y sostuvo el factor demográfico como motivo principal de la norma aprobada este viernes. Así, el gasto en pensiones en proporción al producto interior bruto (PIB) crecerá en 3,6 puntos hasta 2060, según dijo.

La reforma de la fórmulas de jubilación anticipada y parcial pretende ahorrar casi un 50 por ciento del coste anual para las cuentas de la Seguridad Social, cerca de 9.500 millones de euros actualmente, apuntó Báñez.

Jubilación anticipada y parcial

En primer lugar, se endurece la jubilación anticipada forzosa a la cual se llega tras un despido. En esta fórmula, la edad de jubilación será de 61 años y un mes, aunque irá aumentando progresivamente al mismo ritmo que la edad de jubilación ordinaria. La diferencia entre ambas edades deberá ser siempre de cuatro años y se exigirán 33 años cotizados.

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, la edad de jubilación pasa a los 65 años desde los 63 actuales. Podrá optarse por esta modalidad dos años antes de la edad legal de jubilación, hoy 65 años y un mes. Se exige para ello una carrera de cotización de 35 años cotizados.

Los coeficientes reductores que se aplicarán sobre la pensión serán, por cada año de adelanto respecto a la edad legal, del 6 por ciento para los que hayan cotizado más de 44,6 años; del 6,5 por ciento para entre 41,6 y 44,5 años cotizados; del 7 por ciento para entre 38,6 y 41,5 años cotizados, y del 7,5 por ciento para 38,5 años cotizados o menos.

En cuanto a la jubilación parcial, serán necesarios 33 años cotizados (25, en caso de incapacidad), seis de ellos en la misma empresa desde la cual se demanda el retiro. La reducción de jornada pasa a un mínimo del 50 por ciento, salvo en algunos sectores donde se mantiene el 25 por ciento actual.

Restricción del subsidio a mayores de 55 años

Además, la norma restringe el cobro del subsidio por desempleo a los mayores de 55 años. A partir de ahora, para cobrar el subsidio, se tendrán en cuenta los ingresos del conjunto de la unidad familiar, y no solo los del beneficiario, como hasta ahora.

El decreto ley también introduce cambios en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a mayores de 50 años. En el caso de despido, hasta la fecha las empresas estaban obligadas a pagar, al menos en parte, las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social de los mayores de 50 años afectados por el ERE.

A partir de ahora las empresas podrán ahorrar esos costes, aunque para ello será necesario que las compañías respeten en estos despidos el porcentaje de personas mayores de 55 años.

Compatibilidad pensión y trabajo

El real decreto prevé además medidas para compatibilizar la actividad laboral con el cobro de una pensión. Así se podrá cobrar un 50 por ciento de la pensión y tener un empleo por cuenta propia o ajena. Solo se cotizará por incapacidad temporal (IT) y contingencias profesionales, más una cuota de solidaridad del 8 por ciento (6 por ciento, la empresa; y 2 por ciento, el trabajador).

Además, la ministra de Empleo anunció la creación de una comisión de expertos que tendrá que entregar en el plazo de un mes un informe que defina el factor de sostenibilidad al Pacto de Toledo. A partir de entonces se iniciará el debate en la comisión parlamentaria sobre esta fórmula que pretende acompasar la cuantía de las pensiones con la evolución demográfica y económica del país.