La solución para las autopistas que están en concurso de acreedores es, junto con el déficit tarifario del sector eléctrico, una de las cuestiones que afectan a empresas privadas, pero en las que el Estado está implicado ya sea porque se trata de concesiones o porque las políticas reguladores o tarifarias de los diferentes Gobiernos han sido determinantes de los problemas a resolver.

En el caso de las autopistas de peaje en suspensión de pagos, básicamente las radiales de Madrid, el Ministerio de Fomento y el de Hacienda ultiman un plan que permita que las concesiones reviertan al Estado, pero sin que la deuda de estas sociedades compute al 100% como déficit público en el momento que se apruebe la operación. Y es que en principio descartada la salida más traumática de la quiebra, que podría repercutir en la prima de riesgo y en la percepción de los fondos internacionales respecto a la seguridad de las inversiones en España, la vuelta de estas concesiones al Estado se decanta como la única salida viable para los activos.

Pero esa transacción conlleva el traspaso de una cifra de deuda considerable. Está, por una parte, los casi 4.000 millones que las sociedades concesionarias -participadas en la mayor parte de los casos de grandes constructoras: Ferrovial, FCC, Sacyr…- deben a la banca. Y, por otra parte, los aproximádamente 2.000 millones de euros por los costes adicionales por la expropiación de los terrenos en los que se construyeron las autopistas, que están avalados por sentencias del Tribunal Supremo. Además, con más o menos fuerza, las empresas no quieren desprenderse de las autopistas con las manos vacias y, así, reclaman, que se les abone la inversión residual, pese a que las grandes constructoras tienen provisionados estos negocios fallidos. 

En conjunto el peso de estas cargas es suficientemente elevado para que Cristobal Montoro, titular del Ministerio de Hacienda, se haya convertido es uno de los actores clave. Según medios consultados, el departamento ha retrasado el pago de los créditos participativos y de las cuentas de compensación a las citada autopistas, en favor de una solución más global y que es la reedición de la empresa nacional de autopistas o el traspaso de los activos con problemas a alguna sociedad pública ya existente -aunque ambas vías con casi gemelas-.

En este contexto, el tema central es que esta operación no dispare el déficit público, para lo que se están arbitrando fórmulas que permitan laminan las deudas en varios años. Con este requisito imprescindible sobre la mesa, la banca acreedora cuenta con un peso relevante para un acuerdo en el que además una de las entidades afectadas es Bankia -nacionalizada y controlada por el Ministerio de Economía-. Los mismos medios hablan ahora de una especie de «quita camuflada», una vez que la banca no quiere aceptar un recorte en el endeudamiento. Y pasa por reconocer la totalidad de la deuda, pero abriendo líneas de crédito a las sociedades afectadas.

Mientras, el tiempo, como casi siempre, corre en contra, y en abril se cumplen los plazos de algunos de los concursos de acreedores, que se podrían ampliar pero no sine die.