Si nos atenemos al resultado del último sondeo de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (Ministerio de la Presidencia), no hay ninguna duda de que este país no pasa la ITV de la corrupción, y menos en una de esas estaciones de inspección de vehículos cuya concesión sin concurrencia amañó el secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, hijo del expresidente Jordi Pujol, a favor de los “empresarios amigos” Sergi Alsina, Sergio Pastor, Ricard Pugnou y en “beneficio propio” y con implicación de su esposa. Todos ellos, más dos altos cargos de la Generalitat y la Diputación de Barcelona, que estaban en el ajo, han sido ahora imputados –término horrible, que suena a insulto– por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y el jefe del partido de Artur Mas, o sea, Pujol, ha tenido que “delegar temporalmente” sus cargos en sus mozos de espadas en el Parlament y el partido para no dimitir por el presunto “tráfico de influencias” que la Justicia le imputa.

Viene esto a cuento del interesantísimo debate que, coincidiendo con la imputación del mencionado Oriol, se celebró la tarde del martes, San José obrero, en el pleno del Congreso, sobre la corrupción política. Fue una proposición de ley orgánica de la Izquierda Plural, defendida por Cayo Lara, y respaldada por todos los grupos menos el PP y CiU, que se abstuvo (130 votos a favor, 173 en contra y 16 abstenciones), la que dio lugar a los argumentos más sensatos y también más paradójicos de cuantos se pueden oír sobre la profundidad patógena de la mugre. Vaya por delante que el proponente Lara reconoció honradamente que la “ley ómnibus” de su grupo, proponiendo la modificación de 12 leyes, desde el Código Penal a la del Suelo, pasando por la de contratos del Estado, era técnicamente mejorable. Y que el jurista del PP y presidente de la Comisión Constitucional y persona de confianza de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Arturo García Tizón, descalificó varios preceptos sin mayor esfuerzo y tildó a la izquierda de “oportunista e insolidaria”, entre otras lindezas.

Más allá de las descalificaciones, fundadas en la promesa de ética y transparencia que vienen repitiendo sus señorías populares a todas horas y en cualquier lugar desde que les estalló el “caso Bárcenas”, el debate nos facilitó un resumen de nombres y casos que, en fila india, como los enumeró Lara, abruman hasta el vómito al más templado. Nombres: Urdangarín, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar, Bárcenas… No hay palabra nemotécnica que lo aguante. Casos: Gütel, Pokemon, La Muela, Malaya, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria, Palma Arena… No hay imaginación novelesca que lo supere. Para que se hagan idea de lo que ha crecido la corrupción en complejidad y extensión, en relación con el siglo anterior, vale recordar que a comienzos del siglo XX se instalaron en Barcelona tres holandeses apellidados Strauss, Perel y Lowann que estafaban a la gente con una ruleta trucada. La policía no tuvo mayor dificultad en investigar a aquellos sujetos con el acróstico de sus apellidos, “Straperlo”, dando origen a la palabra “estraperlo”, tan empleada después de la Guerra Civil de 1936-39. Hoy eso sería imposible porque la corrupción no sirve para enriquecer el diccionario; sólo a políticos sin escrúpulos y a corruptores de cuello blanco.

Pero decía antes que el debate fue interesantísimo porque, gracias a Emilio Olabarría, del PNV, pudimos saber que los 46 jueces decanos que hay en España han producido un informe en el que consideran la corrupción un “fenómeno sistémico”, inherente y adherido al sistema. Son ya 730 el número de políticos democráticos imputados por indicios delictivos como corruptos. Y, al decir de Olabarría, debemos agradecer que los jueces hayan tomado la delantera en este asunto y también en el de los desahucios. Cuánto más injusto y corrupto es el poder, más se necesita la probidad judicial. La corrupción corroe el sistema democrático, lo amenaza, destruye la credibilidad de los políticos y por eso, como señaló Cayo Lara, debe ser combatida con la máxima pena y la mayor celeridad. Y si eso no ocurre es porque, al decir de Rosa Díez –y aquí viene lo paradójico del asunto–, los españoles tenemos la culpa. Si, si, como lo leen. Según la dirigente de UPyD, no somos genéticamente más corruptos que los alemanes, los ingleses y los pobladores de otros países llamados civilizados en los que los ministros dimiten por mentir sobre una multa de tráfico, plagiar una tesis hace treinta años y otros casos poco honrosos, lo que pasa es que propendemos al perdón y somos culpables de la impunidad de la corrupción política. “Si los políticos de otros países dimiten es porque las sociedades no les perdonan”, dijo la señora Díez. Y aquí “tenemos que hacer que la sociedad no nos perdone”, remató. Y hablaba en serio.