La gran mayoría (un 95%) de las empresas españolas que entran en concurso de acreedores acaba en liquidación, según el informe ‘Temas candentes de los procesos concursales’ elaborado por PwC, que pone de manifiesto la desconfianza hacia el sistema judicial, la estigmatización del empresario y una legislación que, en materia de insolvencias, parece percibirse como más protectora de los intereses de los deudores en detrimento de los acreedores.

Asimismo, si España se compara con Francia, Alemania, Reino Unido o Italia, los datos muestran que se sitúa a la cola de Europa en la utilización del procedimiento concursal.   Según el informe, ante esta situación, las empresas intentan buscar soluciones «a la excesiva burocracia y duración de los procesos concursales, que provocan una tendencia a la ‘desjudicialización’ del tratamiento de los procesos de crisis empresariales.

Así, además de la lentitud de la Administración de Justicia, los empresarios se quejan de que siempre sean señalados como los culpables de la situación y de que, según ellos, se otorga un cierto trato de favor al deudor en contra de los intereses de los acreedores en el proceso concursal.

Los concursos de empresas en España  crecieron un 35% en 2012 hasta las 7.233 insolvencias. Cataluña, La Comunidad Valenciana, La Comunidad de Madrid y Andalucía concentraron casi el 60% del total de los concursos publicados en 2012 (21%, 13%, 15% y 10% respectivamente). En la otra cara de la moneda, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Navarra fueron las regiones con menor actividad concursal.

Por otra parte, el informe señala «la necesidad» de que las liquidaciones de activos de empresas en concurso sean «más ágiles», de modo que pueda maximizarse el valor de los activos.

Además, el documento propone la creación de un instituto de acreditación de determinadas profesiones jurídicas, entre las que podrían encontrarse las de administrador concursal. En este sentido, «una de las causas de ralentización y encarecimiento de los procedimientos concursales es la falta de formación específica de algunos administradores concursales», señala.